Mientras crece la presión por los pasivos y se avecina una asamblea decisiva, el aval a nuevos fasones oxigena las plantas paralizadas y reconfigura el mapa del poder en la cerealera en crisis.
En un movimiento que pasó inadvertido por el gran público pero no por los protagonistas del sector agroindustrial, el juez Fabián Lorenzini firmó una resolución que podría marcar el principio de una nueva etapa para Vicentin SAIC, la emblemática firma del norte santafesino sumida en una crisis que lleva ya más de cuatro años. A través de su fallo, el magistrado avaló diez contratos de fasón que reactivan la operatoria industrial de la compañía en San Lorenzo, Ricardone y su terminal portuaria sobre el Paraná.
Se trata de acuerdos con gigantes del negocio agroexportador —Cargill, Bunge, Viterra, ACA, Molinos, LDC, entre otros— que permitirán el procesamiento de soja y girasol en instalaciones propias de Vicentin, que permanecían prácticamente congeladas. El gesto judicial no es menor: implica, en los hechos, ratificar la plena vigencia de las facultades de los interventores designados y abrir el camino para volver a darle músculo productivo a una estructura sobredimensionada, jaqueada por balances negativos y con una deuda posconcursal que ya roza los 32 millones de dólares.
Un fallo que administra sin anestesia
Lorenzini fue claro: los contratos son válidos, encuadran dentro de la administración ordinaria de la empresa, y no requieren autorización especial. Esta definición, que puede parecer técnica, encierra en realidad una señal potente. La resolución no solo incorpora los contratos al expediente del concurso preventivo, sino que ordena notificar a los acreedores y exige a los interventores un informe de ejecución. En la letra fina también hay un mensaje político: la apelación de Vicentin que buscaba reponer a sus antiguos administradores fue “improcedente” y no suspende ni limita el rol de quienes hoy gestionan la empresa bajo tutela judicial.
Incluso en la aclaración emitida al día siguiente, el juez refuerza su posición: los interventores no solo tienen legitimidad para actuar dentro del perímetro concursado, sino también en sociedades colaterales donde Vicentin tiene participación. Es decir, Lorenzini está dispuesto a mirar el mapa completo de la red empresaria, sin compartimentos estancos.
Fasones y freno de emergencia
En un contexto donde la firma cerró marzo con un rojo operativo de 4,5 millones de dólares y enfrenta pasivos salariales y comerciales cada vez más asfixiantes, los fasones aparecen como una bocanada de aire, aunque lejos están de revertir por sí solos la crisis. “Es una estructura pensada para otra escala, con activos ociosos y un negocio actual que no logra cubrir costos”, había advertido el propio Lorenzini semanas atrás. Por eso, a la par del aval a la producción, insiste en una agenda de fondo: venta de activos no estratégicos, cierre de filiales en el exterior y repatriación de fondos como medidas clave para sostener la continuidad.
Además, puso sobre la mesa un tema espinoso: la revisión de los acuerdos de salida con exdirectivos —algunos imputados penalmente— que habrían cobrado cifras millonarias incluso después del cierre del balance del 31 de agosto de 2024. Todo esto deberá discutirse en la asamblea de accionistas convocada para el 3 de julio.
¿Reflotar o desmantelar?
El panorama para Vicentin está lejos de definirse. El respaldo a los fasones sugiere una voluntad de reactivación. Pero la otra cara del fallo judicial, donde se habilita el desprendimiento de activos y se pone bajo la lupa el pasado reciente, abre interrogantes sobre si la verdadera salida no es ya un plan de desguace ordenado, antes que una vuelta a los tiempos de esplendor.
Sea cual sea el desenlace, una certeza emerge del expediente: en medio del silencio mediático y la fatiga social, el futuro de una de las compañías más simbólicas del agro argentino se juega —como tantas veces— lejos del Congreso o la tapa de los diarios. Esta vez, en el despacho de un juez que decidió no mirar para otro lado.
