Las investigaciones de la Justicia federal en el llamado Caso Vaudagna —que involucra al exjefe de la AFIP santafesina, hoy arrepentido— han llegado a un punto clave en la ciudad de Santa Fe. A partir de declaraciones, análisis de chats y datos oficiales, los fiscales federales reconstruyen una red de vínculos entre funcionarios públicos y privados que, según sospechan, tejieron mecanismos de evasión fiscal, protección política y direccionamiento empresarial durante más de una década.
Cinco hechos están bajo análisis en este tramo de la investigación, y todos convergen en nombres, empresas y decisiones que afectaron de forma directa al Estado y a la transparencia del sistema tributario argentino.
Arcadia, el punto de partida: una firma, muchos nombres
En el centro de la escena aparece Arcadia Consultora, empresa presidida por Carlos Nahuel Caputto, quien también figura como CEO del diario El Litoral y presidente de al menos seis firmas más. Según los investigadores, Vaudagna habría asesorado personalmente a Caputto mientras aún estaba en funciones en la AFIP, lo cual constituye una grave incompatibilidad.
Pero el dato más revelador no surgió de una filtración, sino de una fuente pública: el Boletín Oficial, tanto provincial como nacional. Allí, al analizar los documentos de creación y modificación de empresas, se detecta un patrón que inquieta: nombres que se repiten sistemáticamente en sociedades de rubros muy diversos, desde publicidad hasta construcción, pasando por tecnología, farmacia y medios de comunicación.
La lista incluye firmas como Deusto SA, Argensis SA, Ecol SA, RAF SA, Plural SA, Cocivial SA, Riverside Garden, Garden Residences, N Media SA y más. Y si bien la sola repetición de nombres no constituye delito, en este caso particular cobra relevancia penal por el origen de la red y la sospecha de operaciones cruzadas de ocultamiento patrimonial y direccionamiento de beneficios impositivos.
Los nombres que orbitan el caso
En paralelo a Caputto, el informe judicial cita a Carlos Felice (dirigente sindical y empresario hotelero), la contadora María Virginia Copello, y los funcionarios de AFIP Néstor Javier Bermúdez, Diego Raúl Cignetti y Marcelo Germán Bulacio, todos vinculados por chats, operaciones o interferencias funcionales.
Uno de los datos más comprometedores surge en un intercambio donde Vaudagna frena una inspección a Arcadia tras recibir un mensaje de Caputto, y en otro se refiere al caso de las islas compradas por Caputto como si hubiera encontrado una solución para neutralizar las consecuencias penales. «Ya le encontré la vuelta«, escribió el exjefe de AFIP.
El caso de las islas: compra simulada y triangulación
Uno de los episodios más oscuros de la causa es el que involucra la compra de islas en la zona de Los Mellados y Sirgardero, cercanas a la ciudad de Santa Fe. Según los investigadores, Caputto se las habría vendido a sí mismo, a través de sociedades pantalla como Deusto SA, para reducir la carga impositiva sobre Ganancias.
Los chats entre Vaudagna y Felice revelan la preocupación del entorno por la evolución del expediente. La causa fue cerrada tras el pago de una suma millonaria —unos 10 millones de pesos— pero ahora se investiga si hubo testaferros, encubrimiento de la verdadera titularidad y nuevos delitos conexos.
El rastro del Arca y los beneficios en licitaciones
Otro foco está puesto en la mudanza de las oficinas de la AFIP de San Luis al 3100 hacia calle Salta al 2700, donde actualmente funciona el centro comercial El Arca. En esta operación, se investiga una licitación presuntamente direccionada en la que aparece el nombre de Jorge Bsereni, titular del fideicomiso La Plaza, propietario del inmueble.
Una fábrica de hielo y el uso del poder para eliminar competencia
Finalmente, uno de los hechos que más sorprende por su nivel de detalle operativo es el que involucra a la fábrica Ghiaccio, ubicada en Colastiné Norte. Según los chats, Vaudagna habría enviado inspecciones a empresas competidoras para beneficiar a Néstor Javier Bermúdez, presunto verdadero dueño de la planta, también funcionario de la AFIP.
¿Qué sigue?
El próximo martes 10 de junio, será indagado Diego Raúl Cignetti, uno de los diez investigados por evasión agravada, sospechoso de haber triangulado unos 350.000 dólares a través de supuestas fundaciones educativas con base en Uruguay y Estados Unidos.
La causa avanza con un alto nivel de documentación respaldatoria: capturas de pantalla, chats completos, registros de sociedades, movimientos de fondos y vínculos familiares y comerciales que ya están trazados.
Pero la pregunta de fondo no es solo quiénes fueron parte del esquema, sino cuántos sabían y cuántos más fueron beneficiados por una estructura que, al parecer, funcionó durante años con múltiples caras y un solo objetivo: evadir los controles públicos sin dejar huellas… al menos no visibles a simple vista.
