En un giro que marca un nuevo capítulo en la extensa saga judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de la Nación comenzará desde este martes a cumplir su condena por la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tras una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. La decisión autoriza a la ex mandataria a permanecer en el domicilio de su hija, ubicado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, bajo monitoreo permanente con tobillera electrónica.
Con esta medida, Cristina Kirchner, de 72 años, evita su traslado a un establecimiento carcelario, aunque continuará bajo custodia judicial en el marco de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en diciembre de 2022.
Supervisión estricta y vigilancia electrónica
La resolución judicial, a la que accedió Noticias Argentinas, establece que la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica —dependiente del Ministerio de Seguridad— deberá colocar un dispositivo electrónico a la ex jefa de Estado y realizar controles periódicos para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Cristina Kirchner deberá permanecer en el domicilio fijado y no podrá ausentarse sin autorización expresa del tribunal, salvo en casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados. Además, el fallo exige que “se abstenga de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.
En un plazo de 48 horas hábiles, deberá presentar una nómina de las personas con acceso autorizado a la vivienda: miembros de su grupo familiar, médicos tratantes, abogados defensores y personal de seguridad. Cualquier otra visita deberá ser previamente autorizada por la Justicia.
Rechazo de la fiscalía y contexto político
Pese al rechazo del pedido por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola —los mismos que sostuvieron la acusación durante el juicio oral—, el tribunal consideró que el domicilio propuesto era “apto para una eventual detención domiciliaria” y no presentó observaciones negativas en relación con las condiciones habitacionales ni el entorno.
La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, con intervención del juez Andrés Fabián Basso y el secretario Tomás Santiago Cisneros. La notificación fue cursada tanto a la ex mandataria como a su equipo legal y al Ministerio Público Fiscal, además de ser comunicada personalmente a la comisaría con jurisdicción en la zona.
El impacto de una decisión histórica
La prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en un contexto de fuerte polarización política y creciente escrutinio social sobre el sistema judicial argentino. Aún sin sentencia firme, el caso Vialidad se convirtió en emblema del enfrentamiento entre el kirchnerismo y sus detractores.
Aunque sus abogados argumentaron razones de salud, edad y arraigo familiar, la medida reaviva el debate sobre la igualdad ante la ley y el tratamiento de figuras de alto perfil dentro del sistema penal.
A partir de ahora, la ex presidenta enfrentará una nueva etapa de su vida política y personal, bajo vigilancia constante y con acceso restringido, mientras se espera que en instancias superiores continúe el proceso de revisión de su condena.
Su futuro político, aunque ya condicionado por la inhabilitación judicial, permanece bajo la lupa de una sociedad que sigue dividida entre la admiración y el repudio hacia una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia democrática argentina reciente.
