El martes próximo, a las nueve de la mañana, el Salón de los Escudos de la Casa Rosada dejará de ser una antesala protocolar para convertirse en laboratorio político: se reunirá por primera vez el Consejo de Mayo, el órgano que el presidente Javier Milei imagina como usina de las reformas tributarias, laborales y previsionales que marcarán su gobierno hasta 2026.
El decreto 617/2024, publicado hace apenas seis semanas, asignó al consejo una composición mínima y simbólicamente transversal: seis representantes, cada uno anclado en un poder o sector distinto. El Ejecutivo estará encarnado por Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado; las provincias tendrán voz a través de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y firmante del Pacto de Mayo; el Congreso enviará a dos jugadores con peso propio —la senadora Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical, y Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados—; mientras que la silla sindical la ocupará Gerardo Martínez, referente de la UOCRA, y la empresarial, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina.
La coordinación política recaerá en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre de perfil negociador que alimenta la esperanza oficial de “tejer consensos mínimos” antes de enviar cualquier proyecto al Congreso. En Balcarce 50 describen la sesión inaugural como un ejercicio de contraste: “Hay puntos de partida muy distintos y, justamente por eso, el valor está en sentarlos a la misma mesa”, comentó un funcionario cercano al presidente.
Tres reformas, un solo reloj
Aunque la agenda formal apenas menciona la “delimitación de primeros pasos”, los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo dejaron trascender un cronograma tentativo dividido en tres capítulos:
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Reforma tributaria: eliminación gradual de impuestos “distorsivos” y rediseño de coparticipación. El dilema es político: cada punto de recaudación que se pierda deberá compensarse con poda de gastos o nuevos tributos, un equilibrio que las provincias miran con suspicacia.
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Reforma laboral: régimen de blanqueo exprés, fondo de cese laboral que reemplace la indemnización tradicional y simplificación de convenios. Para los sindicatos, estos puntos rozan la “línea roja” de la defensa histórica de derechos adquiridos.
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Reforma previsional: actualización de la edad jubilatoria y creación de incentivos para planes privados complementarios. La oposición peronista ya anticipa resistencia.
Según un borrador interno, el Gobierno pretende que al menos dos anteproyectos —tributario y laboral— lleguen al Congreso antes de octubre. “No podemos esperar a 2026 para discutir todo junto”, reconoció un asesor de Sturzenegger. Pero en los despachos provinciales recuerdan que la coparticipación, aún sin acuerdo, es la verdadera partida de ajedrez.
Las ausencias que pesan
De los veintitrés gobernadores, cinco quedaron fuera del Pacto de Mayo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Ninguno enviará observadores, aunque todos seguirán la reunión con atención: cualquier cambio en la estructura tributaria impacta en sus presupuestos.
“Es difícil dialogar sobre reparto de recursos sin ellos”, admitió un funcionario de Interior. En el entorno de Cornejo confían en que la voz de los 18 mandatarios firmantes será suficiente “para motorizar los primeros consensos”. Sin embargo, algunos gobernadores oficialistas temen quedar atrapados entre la lealtad al pacto y la presión de sus legisladores.
Una foto para los mercados
En el Palacio de Hacienda interpretan la convocatoria como “una señal de previsibilidad” destinada a los acreedores externos y organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional, que monitorea de cerca el ajuste fiscal argentino, ha pedido más de una vez “reformas estructurales con amplio apoyo político”. La Casa Rosada espera que la foto del martes ofrezca, al menos, una imagen de gobernabilidad.
El largo camino de la persuasión
La dificultad no radica sólo en redactar leyes, sino en ilustrar de qué manera afectarán la vida cotidiana. ¿Cómo explicará el Gobierno a los trabajadores que el fondo de cese laboral es mejor para el empleo? ¿O a los jubilados que las edades se revisarán “sin tocar derechos adquiridos”? En sindicatos y empresas reconocen que el Consejo de Mayo arranca con espíritu de diálogo, pero advierten que la letra chica definirá su destino.
Cuando los seis consejeros ocupen sus asientos, el experimento quedará en marcha. Será, dicen en la Rosada, “una carrera contra el reloj legislativo”. Queda por ver si esa maquinaria de consensos puede mover un Congreso fragmentado y una sociedad cansada de promesas. Lo único seguro —por ahora— es la cita del martes y la intención de transformar el Pacto de Mayo en la columna vertebral de las reformas que Javier Milei imagina para reescribir la economía argentina.
