CÓRDOBA — Una investigación judicial que apunta a lo más alto de la cúpula policial cordobesa destapó una presunta red de estafas sistemáticas que habría operado durante años bajo la protección de uniformes, jerarquías y secretos compartidos.
El viernes por la mañana, por orden del fiscal Guillermo González, se realizaron 11 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, estudios jurídicos y oficinas de la propia Jefatura de Policía. El saldo: la detención del jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, y otros seis involucrados entre oficiales, civiles y hasta el propio hermano del jefe detenido.
Las imputaciones contra Roldán son múltiples y de extrema gravedad: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. El caso, que fue caratulado como “red de estafas institucionalizadas”, describe una operatoria donde información confidencial del sistema policial era utilizada para negociaciones paralelas, cobros extrajudiciales y arreglo de honorarios con abogados y particulares.
Los investigadores afirman que no se trató de hechos aislados. La trama revela un circuito aceitado de corrupción que involucraba a comisarios, suboficiales, civiles y profesionales del derecho, con roles claramente delimitados y beneficios compartidos. Entre los detenidos se encuentran los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia; el civil Gabriel Élido Burkhard; el suboficial Dante Gabriel Villalba; y Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe policial.
El operativo se desplegó en puntos estratégicos del Gran Córdoba: Unquillo, La Calera, Cosquín y la capital provincial. Se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación, registros bancarios y carpetas vinculadas a causas judiciales en curso. Voceros judiciales no descartan nuevas detenciones en los próximos días.
“Estamos ante un caso de extrema gravedad institucional. Se vulneró la confianza pública y se utilizó la estructura estatal para fines personales”, afirmó una fuente cercana a la investigación, bajo condición de anonimato.
En una señal de daño controlado, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, convocó junto al fiscal González y al comisario general Alberto Viete a una conferencia de prensa. Allí buscarán dar explicaciones sobre el alcance de la causa y el impacto que tendrá en la Policía Caminera, una fuerza que hoy enfrenta su peor crisis de legitimidad.
