BUENOS AIRES — El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva ronda de ajustes en los precios mayoristas de electricidad y gas natural, en el marco de su política de reestructuración de subsidios y recomposición tarifaria. Las modificaciones, que impactarán en las boletas de los usuarios residenciales a partir de julio, buscan avanzar hacia un esquema “más competitivo y sustentable”, aunque anticipan un aumento en el costo de vida para amplios sectores sociales.
Las actualizaciones se detallan en tres resoluciones de la Secretaría de Energía publicadas en el Boletín Oficial. En materia eléctrica, la Resolución 280/2025 establece un incremento del 1% en la remuneración de la energía no contractualizada y fija un nuevo precio máximo spot de $13.433 por megavatio hora (MWh) para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente desde el 1° de julio.
Adicionalmente, la Resolución 281/2025 redefine los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) aplicables hasta el 31 de octubre. Las medidas también alcanzan al sistema específico de Tierra del Fuego.
En paralelo, la Resolución 282/2025 introduce una leve baja del 0,74% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un valor clave que luego se traslada a las tarifas de los usuarios finales. Sin embargo, esa reducción no implica necesariamente un alivio: el nuevo esquema mantiene la lógica de segmentación por nivel de ingresos y continúa eliminando subsidios generalizados, una decisión que el Ejecutivo considera “incompatible con la situación fiscal”.
Bajo este nuevo paradigma, los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1) afrontarán el costo pleno del servicio, mientras que los segmentos de menores y medianos ingresos (Niveles 2 y 3) recibirán bonificaciones parciales sobre un consumo base. ENARGAS será el encargado de reflejar estos cambios en los cuadros tarifarios, incluyendo ajustes en los componentes de transporte y distribución, que serán revisados conforme a los procesos quinquenales vigentes.
Las medidas se inscriben dentro del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, iniciado en 2024 y prorrogado hasta mediados de 2026, durante el cual la Secretaría de Energía fue instruida a diseñar mecanismos de mercado que permitan precios competitivos y garanticen inversiones. Mientras tanto, el impacto sobre las familias dependerá no sólo del nivel de ingreso declarado, sino del alcance de las bonificaciones y del consumo efectivo registrado en los meses de invierno.
El Gobierno sostiene que este ajuste es necesario para reducir el déficit y garantizar un sistema energético eficiente. Pero para muchos hogares argentinos, la noticia se traduce en un nuevo golpe al bolsillo, en un contexto inflacionario persistente y con salarios aún rezagados frente al costo real de los servicios básicos.
