Un tribunal de alzada de la provincia de Santa Fe impuso este jueves una pena de tres años de prisión en suspenso a Germán Lerche, expresidente del Club Atlético Colón, al hallarlo culpable de administración fraudulenta entre 2006 y 2013. Los jueces Alejandro Tizón, Roberto Prieu Mántaras y Sergio Alvira consideraron que la conducta de Lerche generó un perjuicio económico al “sabalero” que supera los límites de la gestión ordinaria.
La causa, iniciada en 2013, había culminado en diciembre de 2023 con una absolución unánime en primera instancia dictada por los magistrados Lisando Aguirre, Celeste Minniti y Martín Torres. Sin embargo, los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera apelaron aquel fallo, argumentando que la investigación demostró la existencia de desvíos de fondos y maniobras contables para encubrir pérdidas operativas. El tribunal de apelaciones coincidió con esa lectura y revirtió la sentencia inicial.
Además de Lerche, el proceso alcanzó a otros exdirigentes del club. Mediante juicios abreviados, Marcelo Eduardo Maglianesi (exsecretario general), Carlos Alberto Marín (extesorero) y Osvaldo Oscar Pradolini (exsíndico) aceptaron condenas de dos años de prisión en suspenso. Rubén Osvaldo Moncagatta, exvicepresidente, optó por una suspensión de juicio a prueba. Lerche eligió seguir la vía del juicio oral, lo que finalmente lo expuso a la condena tras su apelación.
El veredicto sienta un precedente inédito en la provincia al demostrar que los tribunales podrán desestimar absoluciones cuando se acrediten indicios de fraude en la gestión de entidades deportivas. Para Colón, el fallo crea un escenario de incertidumbre: deberá revisar sus mecanismos de control interno y fortalecer la transparencia de sus asambleas. Las finanzas de clubes de fútbol en la región operan con presupuestos millonarios, pero sin las salvaguardas exigibles a empresas de alcance nacional.
En el ámbito político, la condena de Lerche resuena entre quienes defienden la necesidad de rendición de cuentas en organismos intermedios. El justicialismo santafesino, que integra a varios dirigentes con pasado en asociaciones civiles y deportivas, observa con atención la resolución, consciente de que el escrutinio judicial puede extenderse a otros actores vinculados al poder local. Para sectores de la oposición, la sentencia refuerza la tesis de que la impunidad en la administración pública y paraestatal no es inevitable.
A tres décadas de la última gran inversión pública en el estadio de Colón, el fallo interpela a la dirigencia deportiva y política a revisar prácticas de gobernanza. Si bien la pena de Lerche es condicional, el mensaje de los jueces recae sobre la responsabilidad personal de quienes manejan recursos colectivos. El desafío de la entidad rojinegra será reconstruir la confianza de socios y patrocinadores partiendo de un ejercicio de transparencia reforzada.
La apelación que ahora concluye marca un punto de inflexión en la historia reciente de Colón y plantea un debate más amplio sobre la fiscalización de la gestión en organizaciones de alto perfil. Los próximos meses serán decisivos para determinar si el club logra incorporar lecciones de este juicio en sus estatutos y asegurar que futuras juntas directivas operen con controles estrictos y auditables.
