El crimen de Maximiliano Lucero en el barrio Nuevo Alberdi, ocurrido en septiembre de 2022, llega esta semana al tramo final del juicio que busca establecer responsabilidades en un hecho que, más allá de lo penal, vuelve a interpelar a la sociedad santafesina sobre la portación de armas, el abuso de poder y los límites de la respuesta violenta.
La acusada es Antonella Ortiz, una empleada policial con doce años de servicio que, según la reconstrucción fiscal, le disparó en la frente con su arma reglamentaria a Lucero, un vecino que había ido a la vivienda a reclamarle una deuda a su pareja. El disparo fue directo, sin advertencia previa, y terminó con la vida del joven de 32 años en el acto. Lucero trabajaba en una hamburguesería y era padre de dos hijos.
El juicio, que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal, revela con crudeza la secuencia: un reclamo, una piedra arrojada desde la calle, y una respuesta letal que, según testigos y peritos, no tuvo justificación alguna. Ortiz disparó desde la puerta de su casa, sin que la víctima estuviera armada ni se acercara al domicilio. No hubo auxilio médico, y durante las primeras horas la versión que intentó instalar la acusada fue falsa, según determinó el fiscal Lisandro Artacho.
La fiscalía y una de las querellas pidieron 22 años de prisión. Otra querella, en representación de la madre del joven, solicitó 33 años. Todas coinciden en que la condición de policía de la acusada agrava el hecho: “Sabía lo que hacía, conocía el poder de su arma, y tenía el deber de proteger, no de ejecutar”, plantearon los abogados de la familia.
Más allá del debate técnico sobre la calificación penal, el caso expone una fisura que no es nueva en Santa Fe: el deslizamiento del poder armado hacia formas de violencia doméstica, barrial o personal. No se trató de una intervención policial, sino de un gesto individual con consecuencias irreparables. Lo que se juzga ahora es si ese gesto fue homicida y premeditado.
El barrio sigue conmovido. En la puerta del tribunal, los familiares de Lucero exigen justicia. En los pasillos, la causa recuerda que las armas del Estado no se portan solo en operativos: también están en las casas, en las discusiones y —a veces— en los impulsos.
El veredicto se conocerá la próxima semana. Pero el juicio ya deja una marca: la fragilidad del límite entre autoridad y abuso, incluso cuando la escena parece doméstica.
