Entidades empresarias denunciaron el cierre de 1.500 pymes santafesinas en 2025 y presentaron ante la Convención Reformadora un proyecto para reconocer a pymes y cooperativas como “actores esenciales del desarrollo”. La movida llega en medio de la reestructuración nacional que eliminó las secretarías de Industria y Pyme, y busca incidir en compras públicas y empleo local.
El jueves 21 de agosto, a las 11, organizaciones pyme se concentraron en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, en Rosario. La manifestación apuntó a visibilizar la caída de la actividad y a respaldar una propuesta que ya obtuvo dictamen en dos comisiones de la Convención (Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana; y Poder Legislativo y Ejecutivo). El reclamo impacta de lleno en la economía provincial: empleo, proveedores del Estado y cadenas industriales de alta presencia en Santa Fe.
Según las entidades convocantes, en lo que va de 2025 cerraron 15.000 pymes en el país y 1.500 en Santa Fe. La cifra —una estimación sectorial— fue difundida por referentes de ENAC en la provincia. Magalí Villanueva, secretaria territorial de la entidad, describió un cuadro de ventas y producción en retroceso y señaló que el último trimestre “fue peor que los anteriores”. El rubro metalúrgico aparece entre los más afectados; pero el freno abarca múltiples ramas, desde alimentos hasta servicios.
El proyecto presentado por ENAC plantea que pymes y cooperativas sean reconocidas en la Carta Magna provincial como actores económicos esenciales. La iniciativa agrega tres palancas concretas: priorizar su participación en licitaciones y compras públicas, crear un Consejo Provincial Pyme como órgano asesor y fortalecer el arraigo productivo en ciudades y comunas. La argumentación sectorial sostiene que estas empresas generan el 40% del PBI santafesino, representan el 98% del tejido privado y explican el 70% del empleo formal privado, además de aportar buena parte de los proyectos tecnológicos locales. Son cifras de origen empresario que, de incorporarse al texto constitucional, exigirán reglamentación y métricas verificables.
En términos institucionales, el trámite de la reforma avanzó esta semana con dictámenes en comisiones, que ahora deberán pasar por la Redactora y, eventualmente, llegar al plenario. La discusión sobre el lugar de pymes y cooperativas se inscribe en un temario más amplio —desde el diseño del Poder Ejecutivo hasta garantías y políticas públicas—, lo que anticipa negociaciones cruzadas entre bloques y sectores productivos.
El contexto nacional agrega tensión. A comienzos de agosto el Gobierno dispuso la disolución de las secretarías de Industria y de Pyme, con absorción de funciones en el Ministerio de Economía. La medida fue cuestionada por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y por la CAME, que advirtieron sobre la pérdida de una ventanilla específica para el sector y pidieron sostener programas de capacitación y asistencia. En paralelo, se oficializaron renuncias en áreas productivas del Palacio de Hacienda, en un reordenamiento que alimentó la incertidumbre empresaria.
En el territorio, el reconocimiento constitucional podría traducirse en tres efectos inmediatos si prospera: reglas para segmentar compras públicas a favor de proveedores locales; una mesa Pyme con voz en la planificación de políticas productivas; y criterios de evaluación de impacto para programas provinciales. El calendario de la Convención y el texto final dirán si el reclamo sectorial se convierte en norma y, sobre todo, si encuentra presupuesto y capacidad de ejecución.
