La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo insumo: la Fiscalía recibió medio centenar de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo. Según fuentes judiciales, el material fue entregado en un pendrive por el periodista Mauro Federico, citado como testigo para detallar cómo y cuándo accedió a las grabaciones. El expediente, a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, ya avanzaba sobre allanamientos y peritajes en equipos electrónicos.
Para Santa Fe, el caso no es abstracto. ANDIS financia medicación de alto costo, tratamientos y dispositivos que llegan a beneficiarios de la provincia a través de hospitales y proveedores locales. Si se comprobara un esquema de sobreprecios o retornos en las compras, el daño no sería solo fiscal: también comprometería la regularidad de la entrega y la eficiencia de un circuito clave para miles de familias.
La incorporación de los audios se complementa con medidas de prueba en curso: los investigadores extrajeron información de al menos uno de los celulares de Spagnuolo y profundizan la lectura de expedientes de compra y órdenes de pago. En paralelo, se analizan materiales secuestrados en sedes del organismo y en empresas vinculadas, con foco en la trazabilidad de precios y la eventual intervención de intermediarios.
En el plano procesal, Spagnuolo designó a los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze para su defensa. La Fiscalía, por su parte, ordenó medidas sobre otros teléfonos y cruces documentales para determinar quiénes decidían, cómo se aprobaban los circuitos de provisión y si hubo recaudación ilícita disfrazada de márgenes comerciales.
El nombre de la droguería Suizo Argentina y de directivos de ese grupo aparece en distintas actuaciones, mientras que la Justicia dispuso restricciones para evitar riesgos de fuga y asegurar la preservación de evidencia. El hilo conductor que se intenta reconstruir es si existió un mecanismo sistémico que trasladó sobrecostos al Estado bajo el paraguas de la compra de fármacos críticos.
Más allá de las derivaciones políticas, el punto sensible es operativo: la continuidad de tratamientos depende de una cadena logística sin interrupciones. Si los peritajes confirman desvíos, el desafío institucional será transparentar precios, blindar procesos y, sobre todo, reparar la confianza de quienes dependen a diario de ese sistema.
