Lo que comenzó como un duelo privado terminó convertido en una movilización nacional. Rosario fue sede de la primera marcha federal de familiares de víctimas del fentanilo contaminado, la sustancia que provocó más de 120 muertes confirmadas en distintas provincias. Frente al Monumento a la Bandera, encendieron una vela por cada nombre ausente y reclamaron al Estado una respuesta que todavía no llega.
La ciudad fue elegida por una razón: concentra la mayor cantidad de casos y de hospitales afectados del país. Allí, familiares de Buenos Aires, Córdoba y La Plata se unieron para exigir un registro real de fallecidos, la publicación de informes sanitarios y la revisión de responsabilidades de laboratorios, sanatorios y funcionarios. “No fue una elección, fue negligencia”, repitieron durante el acto.
Los testimonios coincidieron en un mismo punto: las muertes no fueron un accidente aislado, sino el resultado de un sistema de control que colapsó. En sus carteles, los familiares apuntaron al Estado, denunciando falta de fiscalización y una cadena de favores políticos que permitió que el fentanilo adulterado llegara a los pacientes.
La movilización también buscó romper el silencio judicial. La causa avanza con lentitud, mientras la comisión investigadora del Congreso —presidida por la diputada Mónica Fein— todavía no publicó un informe final. En Rosario, las organizaciones civiles calculan que las víctimas locales podrían superar las 50, aunque muchas no figuran en los listados oficiales.
Más allá del reclamo de justicia, el mensaje fue político: sin trazabilidad, sin controles cruzados y sin transparencia pública, las tragedias sanitarias se repiten. La imagen final —decenas de velas reflejadas en el río— resumió la dimensión humana del pedido: que el dolor de cada familia no se pierda entre expedientes y comunicados.
