El anuncio de una nueva compactación volvió a poner en primer plano un problema que la ciudad arrastra desde hace años: un sistema de retención vehicular que opera sin margen. Con una mezcla de saturación física, pasivos ambientales y procedimientos que se acumulan sin resolución, el Corralón Municipal se convirtió en un síntoma visible de una estructura que quedó chica para la dinámica actual.
La decisión municipal de avanzar el 17 de diciembre con el desguace de 258 motocicletas apunta a aliviar un depósito que trabaja, según documentos oficiales, “al límite de su capacidad máxima”. El impacto recae tanto en los agentes que operan en el predio como en los vecinos de la zona, donde se advierten riesgos ambientales y sanitarios asociados a la acumulación de rodados.
Las unidades que serán compactadas corresponden a retenciones realizadas entre 2022 y octubre de 2024. Son motos que nunca fueron recuperadas por sus titulares y que, en algunos casos, llegaron al Corralón por secuestros de la Policía provincial; en otros, por controles de tránsito municipales. La combinación de ambos flujos explica parte de la saturación: el predio no dejó de recibir vehículos, pero sí perdió capacidad para procesarlos con el ritmo necesario.
La Resolución Interna Nº 129 detalla los pasos obligatorios: descontaminación previa —retiro de aceites, combustibles y fluidos inflamables—, publicidad anticipada del procedimiento y control notarial para constatar el proceso. El municipio reconoce que la operatoria se volvió urgente por el avance del riesgo ambiental que genera la acumulación de miles de rodados deteriorados.
En paralelo, persiste un acuerdo con la Provincia para moderar el ingreso de motos retenidas por la policía. Ese convenio, firmado en 2022, buscó frenar un caudal que volvía imposible cualquier ordenamiento interno. Sin embargo, el efecto fue parcial: los operativos de tránsito y de seguridad continúan produciendo ingresos que superan la capacidad de salida.
La próxima compactación descomprimirá momentáneamente, pero no resuelve la discusión de fondo: cómo sostener un sistema que depende de infraestructura limitada, normas que no siempre se articulan y procedimientos que se amontonan durante años. La ciudad enfrenta, otra vez, el desafío de convertir una medida puntual en una política estable, capaz de evitar que el Corralón vuelva a quedar al borde del colapso.
