La aprobación de la ordenanza que declara iniciado el camino hacia la autonomía municipal modificó de inmediato el clima político en Rosario. No se trata solo de un gesto declarativo: para la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, el proceso abre una etapa en la que la ciudad podrá incidir con mayor firmeza en decisiones cotidianas que hasta ahora dependían de autorizaciones externas y tiempos ajenos a la urgencia local.
El avance importa porque desplaza un límite histórico en la relación entre Rosario y la provincia. La edila sostiene que la autonomía no solo ordena nuevas competencias, sino que ajusta la gestión a una escala más cercana a los problemas que viven los vecinos. En ese sentido, la posibilidad de intervenir sobre planificación urbana, arbolado, ambiente o residuos se transforma en un dato político antes que técnico: la ciudad gana margen para decidir sin esperar habilitaciones que demoraban respuestas.
En el centro de la discusión aparece la agilidad estatal. Schmuck remarcó que el nuevo marco permitirá acelerar procedimientos que solían trabarse en circuitos administrativos que no estaban diseñados para la escala municipal. Mencionó como ejemplos la intervención en terrenos abandonados, la reorganización del espacio público o la resolución de trámites que hoy requieren instancias fuera del municipio. Para la presidenta del Concejo, la autonomía equipara el poder de decisión con la necesidad de actuar.
El cambio también tiene una dimensión colectiva. La edila planteó que la ciudad podrá fortalecer consensos políticos y ciudadanía activa alrededor de reglas propias, construidas desde su identidad y trayectoria. Ese punto aparece como uno de los nudos del debate: la capacidad de Rosario para definir normas que acompañen su crecimiento y reduzcan la distancia entre lo que se decide y lo que efectivamente ocurre en la calle.
El alcance de la ordenanza proyecta efectos concretos. El municipio tendrá potestades ampliadas en materia financiera, planificación urbana, control ambiental y administración de residuos, además de facultades sobre vehículos abandonados y predios en desuso. El rediseño del sistema de compras públicas, que incorporará mecanismos más flexibles y criterios de transparencia, es otro de los movimientos que la presidenta del Concejo considera centrales para mejorar previsibilidad y responsabilidad fiscal.
La mirada hacia 2027 agrega más densidad política. Ese año Rosario convocará a una Convención Estatuyente para redactar su primera carta orgánica, un proceso que ordenará la arquitectura institucional de largo plazo. Para Schmuck, esa instancia será decisiva: permitirá fijar los principios, límites y atribuciones del gobierno local en un contexto donde la autonomía deja de ser reclamo y pasa a ser construcción.
La lectura más amplia que deja la ordenanza es la de una ciudad que busca depender menos de tutelas externas y más de sus propias decisiones. El desafío ahora será convertir la ampliación de facultades en una práctica cotidiana que acerque soluciones y consolide un modo de gobernar acorde a su escala y complejidad.
