La escena se repite: música fuerte en una quinta alquilada, movimiento de autos de madrugada y llamados de vecinos que no saben si se trata de una reunión familiar ampliada o de una fiesta sin permiso. Frente a ese escenario, el municipio decidió apretar las clavijas y usar al máximo la normativa que ya tenía escrita, pero que ahora se vuelve el centro de la estrategia para desactivar eventos no habilitados.
El corazón de esa respuesta es la ordenanza 177, que regula espectáculos y reuniones masivas. No es una mera formalidad: fija una serie de condiciones que van desde la habilitación municipal hasta la presencia de personal médico, pasando por informes de seguridad e higiene firmados por profesionales matriculados, seguros de responsabilidad civil y guardavidas cuando se trata de pool parties. A ese esquema se suma la intervención de la policía y de los equipos de tránsito para ordenar ingresos y egresos.
Esta red de requisitos impacta de lleno en un circuito que se volvió habitual en Rincón: fiestas organizadas en casas quintas alquiladas por una noche. Según explicó el director del Área de Control y Seguridad, Rafael Ibañez, muchos propietarios desconocen la norma o eligen no involucrarse, y entregan el lugar sin pedir una sola constancia. Esa combinación entre alquiler informal y eventos masivos es hoy el principal punto de conflicto con los vecinos.
Un caso reciente ilustra hasta dónde llega el municipio cuando intervienen menores de edad. En una quinta ubicada en calle Santa Rosa de las Colmenas se había organizado una despedida de año por parte de chicos de 16 y 17 años. La reunión fue interrumpida y, como marca el protocolo, ningún adolescente pudo retirarse por su cuenta: se esperó la llegada de los colectivos que los trasladaban, con custodia policial y presencia de funcionarios hasta que todos estuvieron a resguardo.
Cuando los responsables son mayores, el dispositivo cambia de tono. Se labran actas, se identifican organizadores y propietarios, y se aplican sanciones económicas que, según advirtió Ibañez, ya superan el millón de pesos. En casos de reincidencia, el municipio tiene la posibilidad de clausurar de manera definitiva la quinta para eventos y derivar el expediente a la justicia penal, abriendo una vía que trasciende la esfera administrativa.
El mensaje de la Municipalidad busca fijar un límite claro para la temporada que viene: ni jóvenes ni adultos pueden convocar reuniones multitudinarias en quintas alquiladas sin cumplir con la normativa vigente. El argumento de desconocimiento dejó de ser aceptado. Lo que está en juego no es solo el descanso de los barrios, sino también la seguridad de quienes asisten a estos eventos y la responsabilidad legal de quienes los promueven y de quienes prestan sus inmuebles.
En las próximas semanas, la efectividad de este cerco se medirá en dos planos: la capacidad de respuesta del Estado local para sostener controles constantes, y la decisión de organizadores y dueños de quintas de asumir que las fiestas sin habilitación ya no son un negocio de bajo riesgo, sino una apuesta que puede terminar en multas millonarias y clausuras permanentes.
