Mientras la atención nacional se centraba en el Congreso, en la Legislatura bonaerense se jugaba una partida de ajedrez político de alto voltaje que terminó al amanecer. El gobernador Axel Kicillof logró la aprobación para tomar deuda por hasta 3.000 millones de dólares, un oxígeno financiero vital para una provincia asfixiada por el recorte de fondos nacionales. Pero la victoria legislativa tuvo un precio político elevado.
La negociación de madrugada expuso la fragilidad del oficialismo provincial, que debió ceder ante las demandas de una oposición fragmentada pero con poder de veto. Para destrabar la ley, Kicillof tuvo que entregar cargos clave en organismos de control y en la bicameral de inteligencia —donde se habla de un pacto pragmático entre kirchneristas y libertarios—, además de garantizar un reparto de fondos más generoso para los intendentes, los verdaderos barones del territorio.
Este episodio confirma que la gobernabilidad en la provincia más grande y compleja del país no se construye con discursos ideológicos, sino con la administración de recursos y espacios de poder. Kicillof consiguió la herramienta financiera que necesitaba para evitar el colapso de la obra pública, pero a cambio, la oposición le ha marcado la cancha, demostrando que cada ley futura será una batalla de toma y daca en el corazón del poder bonaerense.
