A diez años de su puesta en marcha, “Mi bici tu bici” dejó de ser un programa experimental para convertirse en una pieza estable del sistema de transporte urbano de Rosario. La clave no fue solo el crecimiento en estaciones y usuarios, sino la decisión política de sostener una movilidad activa como servicio público, con reglas claras, inversión continua y adaptación a demandas sociales que fueron apareciendo con el uso.
El aniversario encuentra al sistema en una fase de madurez: cobertura en los seis distritos, más de 30 barrios conectados y una base de usuarios que supera las 150 mil personas. No es un dato menor en una ciudad donde la movilidad condiciona tiempos de trabajo, acceso a servicios y calidad ambiental. La bicicleta pública dejó de ser un complemento para transformarse en una alternativa real de traslado.
El punto de partida fue el 1° de diciembre de 2015, con la inauguración de la primera estación en plaza López y un esquema inicial de 18 terminales en el área central. La apuesta era clara: promover traslados cortos, reducir emisiones y ofrecer una opción accesible las 24 horas. El uso respondió rápido y empujó la primera ampliación, que en 2016 sumó 34 estaciones y extendió el radio hacia los bulevares Avellaneda y Seguí y la ribera del Paraná.
Esa etapa incorporó una innovación que marcó un diferencial regional: bicicletas tándem para personas ciegas o con visión disminuida. Con esa decisión, Rosario se convirtió en la primera ciudad de América Latina en integrar inclusión al diseño de un sistema de bicis públicas, no como excepción sino como parte del servicio regular.
La expansión más significativa llegó a partir de 2021, con una lógica barrial y progresiva. El salto a 72 estaciones permitió conectar zonas norte, noroeste y oeste, y articular 22 barrios con recorridos planificables. En ese proceso, la empresa Movi asumió no solo la operación diaria sino también la construcción de estaciones y desarrollos tecnológicos que sostienen la gestión actual.
El sistema volvió a ajustarse a nuevas demandas en 2022, cuando se incorporaron 80 sillas para infancias en el marco del Programa de Género y Movilidad. La medida respondió a una necesidad concreta: facilitar traslados vinculados a tareas de cuidado, ampliando el perfil de quienes podían usar la bicicleta pública de forma segura. Un año después, en 2023, se sumaron estaciones específicas para niñas y niños en el Parque España y el Monumento a la Bandera, con rodados de uso recreativo que funcionan como puerta de entrada a la movilidad activa.
En 2024 se produjo otro cambio estructural: la eliminación de la Tarjeta Movi como requisito de acceso y la incorporación de nuevas modalidades de pago. Esa simplificación operativa acompañó la cuarta etapa de ampliación, que terminó de enlazar los seis distritos y consolidó la red en más de 30 barrios.
Hoy el sistema cuenta con 93 estaciones operativas y avanza hacia el objetivo de 102. Las terminales más utilizadas se concentran en nodos estratégicos —Plaza Sarmiento, Paseo Pellegrini, Terminal, Plaza Montenegro y Plaza San Martín—, lo que confirma su integración con otros medios de transporte y con zonas de alta circulación cotidiana.
El balance de la década no se explica solo en números. Desde sus inicios, el programa incorporó instancias de escucha con usuarias y usuarios, ajustes tecnológicos y un acompañamiento sostenido con infraestructura ciclista. La expansión de ciclovías en arterias principales fue condición necesaria para que la bicicleta pública no quedara aislada, sino integrada a una red más amplia de movilidad urbana.
El desafío que se abre hacia adelante no es menor: sostener el crecimiento sin perder calidad, profundizar la equidad territorial y mantener el sistema como política pública en un contexto de presión presupuestaria. La experiencia de estos diez años muestra que, cuando la movilidad se piensa como derecho y no solo como servicio, los cambios en la forma de moverse pueden volverse permanentes.
