La entrega de 20 paletas detectoras de metales al Servicio Penitenciario fue presentada como una mejora operativa. En la práctica, funciona como otra cosa: un mensaje interno sobre qué se controla, cómo se controla y quién paga el costo de sostener ese control cuando el sistema está tensionado por la antigüedad de las unidades, el volumen de internos y la presión permanente sobre los ingresos.
Los dispositivos fueron comprados con fondos provenientes de subastas de bienes decomisados al delito y se entregaron en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores. El dato tiene intención política: mostrar que parte de lo recuperado vuelve a la seguridad, y que la seguridad penitenciaria deja de ser un apéndice silencioso de la agenda pública.
Control fino, control cotidiano
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que las paletas se van a usar principalmente en el grupo centralizado de requisas, con foco en el control permanente de pabellones, internos y personas que ingresan. La descripción fue explícita: se busca detectar objetos que alimentan la violencia y el mando interno, desde celulares hasta municiones.
El punto clave es la versatilidad operativa: sensibilidad graduable (desde piezas pequeñas hasta objetos mayores) y posibilidad de alertas sonoras o silenciosas. Ese detalle habla del tipo de entorno donde se aplican: controles que no siempre pueden “avisar” lo que encontraron, porque cada hallazgo también es un episodio de riesgo.
El subtexto: tecnología mientras llega la obra
Masneri también dejó una definición que suele quedar fuera de los anuncios: hay unidades “de hasta 100 años” y, mientras se construyen establecimientos nuevos y se incorporan escáneres, se necesita reforzar barreras intermedias para sostener el control donde la infraestructura está en desventaja.
Esa frase conecta con una línea mayor del gobierno provincial: en julio de 2025 se licitó la compra de body scanners y scanners de bultos para las principales cárceles, con una inversión estimada de $2.261 millones, orientada a separar ingresos de personal y visitas y a blindar el circuito de acceso. Es una estrategia de capas: más plazas, más infraestructura, más controles tecnológicos, menos margen de arbitrariedad cotidiana.
La lectura más realista es sencilla: el refuerzo de detectores no “resuelve” el problema penitenciario, pero sube el costo de la trampa. Y en ese terreno, subir costos es política pública.
