La decisión de proponer a Adriana “Chuchi” Molina para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas no se explica por el currículum. Se explica por el tablero. En Santa Fe, el organismo es una bisagra: revisa legalidad y cuentas, marca ritmo de auditorías y, sobre todo, define qué tiene respaldo formal cuando la política se pone áspera.
El movimiento llega con un dato que lo vuelve todavía más sensible: la vacante que se busca cubrir es la que dejó Lisandro Villar. En la Casa Gris, el reemplazo no se mira como un trámite administrativo, sino como una señal de confianza hacia adentro y un mensaje hacia afuera sobre quién “custodia” el control del gasto en el ciclo que empieza.
Un procedimiento que habilita presión política
El pliego no entra directo a votación. Primero atraviesa un mecanismo de exposición y observaciones: se publica la propuesta, se difunden antecedentes y se abre un período para que ciudadanos e instituciones presenten posturas documentadas. Es una etapa que parece formal, pero en los hechos funciona como termómetro: mide resistencias, deja asentadas objeciones y anticipa el clima del tratamiento legislativo.
Después llega el tramo decisivo: Comisión de Acuerdos, entrevistas, dictámenes, y finalmente la Asamblea Legislativa. Ahí el cargo deja de ser nombre propio y pasa a ser moneda de relación entre oficialismo, aliados y oposición. En un año de reacomodamientos, cada voto termina valiendo dos veces: por lo que aprueba y por lo que compromete.
La lectura real: control del gasto como territorio de poder
El Tribunal de Cuentas no maneja presupuesto operativo como un ministerio, pero controla el circuito que vuelve “defendible” cualquier decisión de gasto. Por eso, en el poder santafesino, estos pliegos tienen una lógica: consolidar confianza interna y reducir zonas grises futuras. La discusión no es “quién entra”, sino qué coalición se siente respaldada cuando llegue el momento de auditar, objetar o convalidar.
Si el proceso avanza sin ruidos, el Ejecutivo gana estabilidad institucional. Si se enreda, el pliego se vuelve otra cosa: un plebiscito indirecto sobre la arquitectura de control del gobierno. Y en Santa Fe, esa es una pelea que siempre se da sin estridencias, pero nunca es menor.
