En 10 segundos
-
Qué pasó: Pullaro se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad.
-
Qué cambia desde hoy: Santa Fe suma una voz clave al impulso del Gobierno nacional.
-
A quién le pega: el debate penal juvenil, el Congreso y los actores sociales.
-
Qué mirar ahora: el tratamiento legislativo y la reacción de sectores críticos.
Santa Fe, 22 de enero de 2026.
El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a pronunciarse a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y dejó una definición que rápidamente se viralizó: “Quien comete delitos sabe lo que hace”. La declaración no solo reaviva una discusión histórica en la Argentina, sino que coloca a la provincia en sintonía con el intento del Gobierno nacional de reactivar el proyecto en el Congreso durante 2026.
Pullaro sostuvo que su postura se consolidó a partir de su experiencia como ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019, durante la gestión de Miguel Lifschitz. Según explicó, el contacto directo con hechos de violencia extrema modificó su mirada inicial sobre el sistema penal juvenil. Desde entonces, afirma, el eje debe estar puesto en el delito cometido y no exclusivamente en la edad del autor.
Las palabras del mandatario se conocieron en un contexto sensible: la reciente viralización de imágenes vinculadas al asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente santafesino de 16 años, ocurrido en diciembre. El crimen, en el que están involucrados jóvenes de entre 14 y 16 años, generó conmoción social y volvió a instalar con fuerza el debate sobre la responsabilidad penal de los menores.
Sin referirse puntualmente al caso, Pullaro planteó que resulta difícil sostener que adolescentes de 14 o 15 años no comprendan la gravedad de ciertos actos. En su argumentación, también deslizó que el Código Penal fue pensado para una Argentina muy distinta de la actual, atravesada hoy por niveles de violencia que entonces no estaban presentes.
El posicionamiento del gobernador se inscribe en una discusión más amplia que el Ejecutivo nacional busca reabrir este año. En 2025, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, pero nunca llegó al recinto. Con la nueva composición del Congreso, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar. Incluso, en una iniciativa posterior de reforma integral del Código Penal, se propuso llevar la edad mínima a los 13 años para delitos graves, con penas máximas acotadas.
La reacción frente a estas propuestas es heterogénea. Mientras sectores políticos alineados con la agenda de seguridad acompañan la discusión, organizaciones sociales, profesionales y religiosas expresaron un rechazo contundente. En Santa Fe y Rosario, la Pastoral Social, el Colegio de Psicólogos y organismos de protección de derechos de niños y adolescentes advirtieron sobre los riesgos de una respuesta punitiva. Desde el ámbito judicial juvenil, también se remarcó que la participación de adolescentes en delitos graves es estadísticamente baja y que endurecer el sistema no garantiza mejores resultados.
El respaldo explícito de Pullaro agrega peso político a la iniciativa, pero también eleva la tensión del debate. La baja de la edad de imputabilidad vuelve a cruzar seguridad, derechos y política, en un escenario donde el Gobierno nacional busca señales de firmeza y las provincias miden el costo social de acompañar esa agenda. El Congreso será, una vez más, el terreno donde se ponga a prueba hasta dónde llega ese consenso.
