El reclamo que esta semana se hizo visible frente a jefaturas policiales de distintas ciudades de Santa Fe no surgió de la nada. La protesta, protagonizada por policías de franco y familiares de efectivos, dejó al descubierto una tensión acumulada en los escalones más bajos de la fuerza, donde las condiciones laborales y salariales conviven desde hace tiempo con exigencias operativas crecientes.
Las manifestaciones se registraron en Rosario, Vera y Reconquista, entre otros puntos de la provincia, y se activaron tras un hecho que impactó de lleno en el interior de la institución: el suicidio de un suboficial en la puerta de la Jefatura rosarina. El episodio funcionó como disparador de un malestar que venía latente y que encontró, esta vez, una expresión pública.
Ante ese escenario, el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, preparó una serie de medidas de carácter económico con el objetivo de descomprimir la situación. Entre ellas, se evalúa el pago de una bonificación adicional para los efectivos que realicen patrullajes en las principales ciudades y un plus específico para quienes cumplen funciones como conductores de móviles policiales.
Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que no hubo abandono de tareas ni afectación del servicio. Según los datos oficiales, la presencia policial en las calles se sostuvo y, en el caso de Rosario, incluso se reforzó con efectivos provenientes de otras zonas de la provincia. También se destacó que los tiempos de respuesta del sistema de emergencias 911 se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.
El trasfondo del conflicto, sin embargo, va más allá de una coyuntura salarial. En el propio gobierno reconocen una dificultad estructural: buena parte de los suboficiales jóvenes que prestan servicio en Rosario provienen del norte provincial y recorren distancias de cientos de kilómetros varias veces por semana. El régimen de trabajo vigente, con extensas jornadas y descansos intercalados, empuja a muchos a permanecer en la ciudad, afrontando gastos de alojamiento y manutención que no siempre pueden absorber.
Esa dinámica, repetida en el tiempo, configura un desgaste que no se resuelve únicamente con refuerzos operativos. Por eso, en las últimas horas también comenzó a evaluarse un esquema alternativo de alojamiento, similar al que utilizan las fuerzas federales, donde el Estado asume el costo de la estadía de los agentes desplazados.
El episodio dejó además otra señal de alerta: durante las protestas, a los reclamos genuinos de efectivos en actividad se sumaron grupos de familiares de policías detenidos o pasados a disponibilidad, lo que complejizó el cuadro y encendió luces amarillas dentro del propio oficialismo provincial. En ese contexto, las autoridades reconocen que siguen de cerca movimientos externos a la fuerza que intentan capitalizar el clima de malestar.
Todo ocurre, además, en una semana políticamente cargada, con la inminente llegada a la provincia del presidente Javier Milei para un acto de alto perfil institucional. En ese marco, la gestión provincial busca evitar que un conflicto sensible en el corazón de su política de seguridad derive en un problema de mayor escala.
El reclamo policial dejó una foto incómoda, pero también una definición pendiente. Más allá de los anuncios coyunturales, la discusión de fondo remite a cómo se sostiene, en el tiempo, una fuerza que opera bajo alta presión, con demandas crecientes y una base joven que hoy muestra signos claros de agotamiento.
