En 10 segundos:
Qué pasó: Pullaro anunció que no prorrogará el aporte solidario extraordinario y que el traslado de aumentos a jubilados pasará de 60 días a un mes.
Qué cambia desde hoy: la discusión previsional sale del anuncio y entra en una pulseada por “derogación” y “simultaneidad”.
A quién le pega: jubilados del sector público y, por arrastre, la negociación docente rumbo al inicio de clases.
Qué mirar ahora: si el Ejecutivo consolida el gesto como cierre del tema o si se convierte en precedente para otros reclamos gremiales.
Santa Fe, 16 de febrero de 2026.
El discurso de Maximiliano Pullaro en la Legislatura dejó una escena que el Gobierno buscó presentar como corrección y que Amsafe leyó como concesión arrancada por presión. En el apartado de jubilaciones, el gobernador anunció dos cambios: el aporte solidario extraordinario no se prorrogará y los aumentos que recibe el personal activo se trasladarán al sector pasivo al mes siguiente, y no a los 60 días. La provincia enmarcó la decisión en la Ley de Emergencia Previsional y en un relato de “sacrificio” ya realizado. El sindicato docente respondió con otro encuadre: el ajuste sigue vigente y la medida queda corta.
El comunicado de Amsafe armó un registro propio del conflicto: oposición desde el primer día a la reforma previsional, paros, movilizaciones, concentraciones en toda la provincia y acciones judiciales. En esa secuencia, el gremio se atribuye el cambio de postura oficial. La frase “esto no alcanza” condensa la tesis: el recorte del plazo de pago ayuda, pero la demanda real es simultaneidad plena entre activos y jubilados. También reclama la eliminación definitiva del aporte, sin margen para que el descuento reaparezca en otro ciclo fiscal.
Ahí aparece el punto fino de la disputa. “No prorrogar” suena a decisión administrativa dentro de una norma de emergencia; “derogar” implica cierre político del instrumento. Pullaro eligió la primera fórmula y la defendió como gesto de justicia hacia quienes “aportaron durante años”. Amsafe busca la segunda: un cambio irreversible, con impacto simbólico y material. Es una pelea por el texto, pero sobre todo por el control del sentido. Cada palabra define quién conduce y quién reacciona.
El Gobierno necesitaba incluir una señal previsional en la apertura de sesiones. La reforma ya había dejado costo social, y el malestar de jubilados viene con potencia propia: la demora en el traslado de aumentos se volvió un argumento cotidiano en sindicatos y centros de jubilados. El anuncio de 30 días intenta desactivar un frente y, a la vez, ofrecer una prueba de gestión. En el comunicado oficial, la provincia subrayó que la reforma permitió frenar el déficit de la Caja y reducirlo a la mitad. Ese dato funciona como base de legitimidad: primero se estabiliza, luego se reparte alivio.
Para Amsafe, la secuencia se cuenta al revés. El gremio afirma que el peso de la crisis recayó en trabajadores y jubilados, y que el “aporte solidario” fue un descuento que lastimó ingresos. El tono elegido apunta al bolsillo, no al tecnicismo. Habla de “meter la mano” y de “ajuste”. Busca que la discusión salga del perímetro previsional y entre en un campo moral: justicia, dignidad, reconocimiento a una vida de trabajo. En ese terreno, el Gobierno pierde la comodidad de las planillas y gana peso la experiencia concreta del cobro.
El comunicado también cumple una función táctica: evita que el anuncio cierre la conversación. Amsafe reconoce que la protesta “tuvo impacto” y, en la misma línea, fija el próximo objetivo. Si la lectura social es que el Ejecutivo cedió, el sindicato quiere que esa percepción empuje a más concesiones. El mensaje a la base docente es claro: la organización produce resultados. El mensaje a la Casa Gris también: la calle tiene capacidad de veto.
La tensión se vuelve más relevante por el calendario. Falta poco para que la actividad escolar se normalice y la paritaria docente vuelve a ocupar el centro. Aunque el comunicado se concentra en jubilaciones, su subtexto se conecta con la discusión salarial y con el clima en las escuelas. Para una parte del magisterio, la reforma previsional quedó asociada a una política de ajuste general. En ese marco, cualquier rectificación del Ejecutivo se interpreta como antecedente para discutir salarios, adicionales y condiciones laborales.
El Gobierno, por su parte, enfrenta un dilema de autoridad. Una medida reparadora puede ser leída como sensibilidad y método. También puede abrir un precedente: cada corrección alimenta el relato de que la presión fuerza cambios. La gestión busca sostener su narrativa de administración moderna y resultados, pero el terreno gremial suele traducir anuncios en una lógica distinta: se gana o se pierde. Amsafe juega a fijar la idea de “victoria parcial” y a convertirla en piso.
Hay además una dimensión institucional que aparece en el trasfondo: la diferencia entre anuncio político y carril paritario. Cuando los gremios perciben decisiones unilaterales, la respuesta suele ser endurecimiento. Amsafe ya dejó una pista en su comunicado: seguirá en la calle y en cada instancia institucional. Esa combinación dice dos cosas. Primera: la protesta no se retira. Segunda: el sindicato quiere disputar también adentro, en la Justicia y en los ámbitos formales, para que el reclamo no dependa solo de la temperatura social.
En síntesis, el gesto previsional de Pullaro abrió una puerta que el Gobierno pretendía entornar y que Amsafe empuja hacia adentro. El Ejecutivo ofrece un alivio acotado y lo presenta como justicia. El gremio lo toma como señal de que el esquema anterior era injusto y exige el paso siguiente: simultaneidad y derogación. Con el inicio de clases cerca, la discusión vuelve a un patrón conocido en Santa Fe: la política educativa atravesada por la Caja, los salarios y la capacidad de cada actor de imponer su versión de los hechos.
En la práctica, el anuncio también presiona a otros gremios estatales a recalibrar reclamos. Si la docencia logra simultaneidad, el resto del sector público la tomará como referencia. En ese efecto dominó se juega parte del año fiscal.
