En 10 segundos:
Qué pasó: Santa Fe inicia el ciclo lectivo 2026 con paro docente convocado por Amsafé y Sadop.
Qué cambia desde hoy: El Gobierno garantiza escuelas abiertas y exige declaración jurada para no descontar el día.
A quién le pega: A las familias que deben decidir si envían a sus hijos y a los docentes en conflicto salarial.
Qué mirar ahora: El nivel real de adhesión al paro y el impacto sobre la meta de 185 días de clases.
Santa Fe, 2 de marzo de 2026.
El ciclo lectivo 2026 comenzó en Santa Fe en medio de un escenario dividido. Mientras los gremios docentes ratificaron el paro tras rechazar la propuesta salarial, el Ejecutivo provincial confirmó que todas las escuelas abrirán sus puertas y pidió explícitamente a las familias que envíen a los chicos.
La escena no es nueva, pero sí el contexto político que la rodea. El gobernador Maximiliano Pullaro eligió sostener una postura firme: la prioridad es garantizar la continuidad del calendario escolar. El mensaje fue claro. Las instituciones educativas estarán abiertas más allá de la medida de fuerza.
Del otro lado, Amsafé y Sadop activaron el plan de lucha con paro y movilización provincial. La protesta incluye la instalación de una “Carpa Blanca” itinerante, un gesto simbólico que remite a conflictos históricos del sector. El rechazo a la oferta fue casi unánime y dejó sin margen de negociación inmediata la discusión salarial.
El Ministerio de Educación decidió liquidar el aumento por decreto. La propuesta oficial contempla un incremento promedio del 12,5% para el primer semestre y una recomposición del 3% correspondiente al período anterior. Para la Provincia, la oferta resulta consistente con el esquema fiscal vigente. Para los gremios, es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.
El conflicto no se limita al nivel inicial, primario y secundario. También los docentes universitarios nucleados en Coad adhieren al paro nacional impulsado por Conadu. Allí la tensión se conecta con el presupuesto nacional y el financiamiento del sistema superior. La simultaneidad de reclamos amplifica la dimensión política del arranque escolar.
La herramienta elegida por la Provincia para medir el alcance de la huelga es la declaración jurada de prestación de servicios. Entre el 2 y el 4 de marzo, los docentes deberán completar el trámite en la plataforma “Mi Legajo”. Quienes no lo hagan sufrirán el descuento del día no trabajado y perderán el incentivo de Asistencia Perfecta.
Ese incentivo modificó el mapa sindical desde 2025. La Asistencia Perfecta introdujo un componente económico que condiciona la adhesión a paros prolongados. El Gobierno lo presenta como estímulo a la continuidad pedagógica. Los gremios lo leen como mecanismo de presión.
En paralelo, la Provincia insiste con un objetivo político central: consolidar los 185 días de clases. El año pasado se alcanzó ese estándar por primera vez en 14 años. La administración provincial lo exhibe como logro de gestión y como señal de previsibilidad institucional.
En Rosario, la Municipalidad desplegó un operativo especial de tránsito para ordenar la movilidad en el regreso a las aulas. Más de 150 agentes trabajan en 38 entornos escolares. El programa “Sube y Baja” organiza corredores de ascenso y descenso rápido para evitar congestiones en zonas críticas del centro.
La logística urbana contrasta con la incertidumbre pedagógica. Las escuelas abrirán, pero el nivel de actividad dependerá del grado de adhesión al paro. La imagen de aulas con asistencia dispar puede convertirse en la postal dominante del día.
Más allá del número final de docentes que se sumen a la huelga, la discusión revela un fondo más profundo. El Ejecutivo eligió sostener la iniciativa política en el terreno educativo, incluso al costo de iniciar el año con tensión sindical. La decisión responde a una lectura estratégica: mostrar determinación frente a conflictos estructurales.
Para los gremios, el inicio con paro busca marcar límites desde el arranque. El calendario escolar es el punto de mayor visibilidad pública. Allí la disputa trasciende el salario y se vuelve narrativa. ¿Quién defiende mejor el derecho a la educación? ¿Quién protege el ingreso docente?
La respuesta no se define en una sola jornada. Se construye en la percepción social de continuidad, negociación y resultados concretos. Si el Gobierno logra sostener la meta de 185 días, fortalecerá su argumento de gestión. Si el conflicto se prolonga, la presión política crecerá.
El ciclo lectivo 2026 empezó con escuelas abiertas y gremios en la calle. Entre la firmeza oficial y la protesta sindical se instala una pregunta inevitable: cuánto margen real existe para recomponer salarios sin reabrir la paritaria y sin afectar el equilibrio fiscal que la Provincia decidió defender.
La primera campana sonó. El debate recién comienza.
