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Qué pasó: el Colegio de Abogados de Santa Fe rechazó puntos del paquete de seguridad enviado por la Provincia
Qué cambia desde hoy: el debate deja de estar centrado solo en herramientas policiales y entra en el terreno de las garantías constitucionales
A quién le pega: al Gobierno provincial, a la Legislatura, al sistema judicial y a cualquier persona sometida a un proceso penal
Qué mirar ahora: si el oficialismo modifica artículos sensibles antes del tratamiento legislativo
Santa Fe, 22 de mayo de 2026. La discusión por la seguridad pública sumó una voz incómoda para el Gobierno provincial: la de los abogados que litigan todos los días dentro del sistema penal.
El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su rechazo a distintos artículos del paquete de leyes impulsado por la Provincia y advirtió que algunas herramientas previstas podrían afectar derechos y garantías constitucionales. La entidad puso el foco en el proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
El planteo no discute la gravedad del delito ni la necesidad de mejorar la respuesta estatal. Apunta a otra zona: hasta dónde puede avanzar el Estado cuando busca eficacia penal. Ese límite, para el Colegio, empieza a tensionarse cuando se habilitan mecanismos que reducen la defensa, debilitan el control judicial o aceleran procedimientos con menor equilibrio entre las partes.
Uno de los artículos más cuestionados es el que permitiría a fuerzas policiales interrogar a personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor. Para la entidad, ese punto compromete el derecho de defensa y puede abrir escenarios de arbitrariedad, presión o coerción sobre personas privadas de libertad.
El rechazo también alcanza a facultades previstas para fiscales en allanamientos domiciliarios y restricciones de libertad sin autorización judicial previa. En una reforma presentada como fortalecimiento de la seguridad pública, el Colegio detecta una concentración de poder operativo que podría alterar controles básicos del proceso penal.
Otro punto sensible es el llamado “procedimiento por decreto fiscal”. Según la lectura institucional, ese mecanismo podría derivar en condenas sin juicio pleno y con participación reducida de la defensa técnica. En términos concretos, el riesgo señalado es que la búsqueda de velocidad termine recortando garantías que sostienen la validez del proceso.
La posición del Colegio introduce una tensión política para la Legislatura. El paquete de seguridad llega con el respaldo del Ejecutivo y con una demanda social fuerte por respuestas frente al delito. Pero el pronunciamiento obliga a separar dos planos: una cosa es dotar al Estado de mejores herramientas; otra es modificar reglas procesales que protegen a cualquier ciudadano frente al poder penal.
La entidad pidió abrir un debate amplio y se puso a disposición para colaborar en la elaboración de herramientas legislativas compatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La reforma entra ahora en una zona más delicada. Si el Gobierno sostiene el texto sin cambios, el debate puede dejar de ser únicamente sobre seguridad y transformarse en una discusión sobre control institucional, división de poderes y alcance real del Estado de Derecho en Santa Fe.
