En 10 segundos
Qué pasó: un policía fue baleado tras ingresar presuntamente a robar a una vivienda de Liceo Norte.
Qué cambia desde hoy: Seguridad confirmó que el agente seguía en servicio activo y anticipó una posible exoneración.
A quién le pega: a la Policía de Santa Fe y a la confianza pública sobre sus controles internos.
Qué mirar ahora: la imputación fiscal al efectivo y el avance administrativo dentro de la fuerza.
Santa Fe, 11 de junio de 2026.
La escena golpea en un punto sensible: el sospechoso de entrar a robar a una casa llevaba uniforme, aunque esa mañana no debía portar arma ni cumplir tareas operativas comunes.
El hecho ocurrió el lunes a primera hora en barrio Liceo Norte, sobre calle Almonacid al 4500. Según la reconstrucción fiscal, un efectivo policial destinado a la sección Canes de Rosario habría forzado el ingreso a una vivienda y terminó herido de bala durante un forcejeo con el dueño de casa. El agente permanece internado bajo custodia, con lesiones en una pierna y una mano que no comprometen su vida.
La aclaración oficial reordenó el caso. El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, precisó que el policía estaba en servicio activo, bajo un régimen de tareas diferentes, una condición que le impedía portar su arma reglamentaria. Esa información corrige las primeras versiones que lo ubicaban en disponibilidad y abre una pregunta más incómoda para la institución: cómo se controla a un agente activo cuando queda bajo sospecha de cometer un delito común.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad marcaron una línea dura. Montenotte sostuvo que, si la investigación confirma la hipótesis delictiva, el efectivo será apartado definitivamente de la fuerza. La frase tiene un peso político evidente porque busca cortar cualquier lectura de protección corporativa en un caso que impacta directamente sobre la credibilidad policial.
En paralelo, el propietario de la vivienda, identificado como Hugo R., recuperó la libertad bajo medidas alternativas. La Justicia le atribuyó abuso de armas y tenencia ilegítima de un revólver calibre 38, ya que repelió el ingreso con un arma para la que no tenía credencial habilitante. Deberá presentarse mensualmente ante el MPA y tiene prohibido portar armas.
El expediente ahora avanza por dos carriles. Uno penal, que deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y qué responsabilidad tuvo cada protagonista. Otro institucional, que pondrá a prueba la capacidad del Ministerio para depurar la fuerza cuando la sospecha nace desde adentro.
