El personal reclama la implementación de una paritaria específica para el sector. La medida continuará por tiempo indeterminado.
Gerardo Salomón, secretario adjunto de Apoc, explicó que los del tribunal “somos los únicos empleados de la provincia que no tenemos una paritaria propia, no tenemos un ámbito en donde discutir nuestros propios salarios”.
Desde hace 9 días, el personal de las distintas delegaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia, mantiene un paro total de actividades. La medida de fuerza es impulsada por el gremio que nuclea a los trabajadores, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc).
El extenso reclamo se hizo sentir en la sede de San Martín 1725, sobre peatonal sur. Con carteles y manifestaciones sobre la vía pública vienen haciendo pública la situación.
Gerardo Salomón, secretario adjunto de Apoc, explicó que los del tribunal “somos los únicos empleados de la provincia que no tenemos una paritaria propia, no tenemos un ámbito en donde discutir nuestros propios salarios”. En ese sentido, indicó que hace mucho tiempo “le pedimos a las autoridades del Tribunal de Cuentas que gestionen la ampliación del presupuesto, para que en 2016, se aplique una política salarial según lo que dispone la ley Nº 12.510 de administración financiera. La norma faculta al Tribunal a dictar su propia política salarial”. Y aclaró que en las actuales condiciones, tampoco pueden discutir las condiciones de trabajo.
Incurrir en ilegalidades
Según el secretario adjunto de Apoc, el Tribunal de Cuentas a través de un acuerdo, se adhiere a la política salarial del Ejecutivo Provincial, pero legalmente, deberían estar contemplados en el Legislativo. “Eso nos representa un atraso de casi el 20 %, de lo que cobran en el legislativo. Además nos impide tratar condiciones de trabajo, ascensos, concursos, hasta las condiciones de higiene y seguridad, como se incluiría en un convenio colectivo”, remarcó Salomón.
En total, a nivel provincial son unos 300 los trabajadores del Tribunal en todas las delegaciones.
Por su parte Patricia Astudillo, una contadora fiscal del Tribunal que adhiere a la medida de fuerza recalcó que, desde que se implementa la medida de fuerza, no se están controlando los actos administrativos de gobierno.
“No se están llevando a cabo las auditorias. Por ley los actos administrativos tienen que, para poder ejecutarse, comunicarse al Tribunal. De lo contrario son ilegales. Los compañeros deben tener en cuenta esto: la actual gestión se va el 10 de diciembre, pero los empleados continúan y pueden caer sanciones”, concluyó Astudillo.
