Acuerdan reactivar el proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez que está frenado en la Legislatura santafesina. Se busca que no pierda estado parlamentario.
Autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, legisladores provinciales y funcionarios municipales de Granadero Baigorria acordaron reactivar en la Legislatura provincial, el pedido de aprobación del proyecto de expropiación de la finca conocida como La Calamita, que funcionó en la dictadura militar como un centro clandestino de detención, donde más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas.
El proyecto de expropiación del predio que ocupa La Calamita fue presentado en noviembre de 2013 por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, y hoy está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
La Calamita, ubicada en Eva Perón 1530 de Baigorria, es uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario.
En noviembre de 2003, la ley provincial 12.192 declaró «de interés general y sujeto a expropiación el inmueble «Quinta La Calamita», pero luego, al no iniciarse el juicio de expropiación dentro de los plazos estipulados por la ley provincial 7.534, quedó sin efecto la ejecución de la norma.
«Por eso la diputada Gutíérrez presentó en noviembre de 2013 un nuevo proyecto de expropiación del sitio», comentó el asesor legal de Baigorria, Estanislao López.
Reunión. El letrado, junto a la coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, el asesor de Proyectos Especiales del municipio, Humberto Cancela, integrantes de la ONG «Documenta Baigorria», el intendente de Baigorria, Adrián Maglia, y las diputadas provinciales Gutiérrez y Erika Gonnet, y la directora provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Nadia Schujman, se reunieron en el municipio de Baigorria para avanzar en el pedido de expropiación del inmueble, hoy frenado en la Legislatura.
La decisión se funda, entre otros aspectos, en que hace algunas semanas «el municipio recibió una solicitud de informe del Juzgado Federal que investiga una causa de enterramiento clandestino, pidiendo saber si había alguna actividad en el predio La Calamita», comentó el abogado.
Dijo que el municipio tomó conocimiento de que el lugar «había sido intrusado por personas en forma irregular», pero como es un terreno privado «mucho no se podía hacer», dijo López, y añadió: «Constatamos una actividad comercial (llenado de garrafas) tras lo que se procedió a su clausura y se informó al Juzgado Federal. Por eso, la reunión fue para informar además a todas las partes, que la idea es gestionar una reunión en el Juzgado Federal con los propietarios del terreno, para instarlos a que tomen medidas de seguridad que preserven el lugar».
Sin dictamen. El abogado López, acotó que el proyecto presentado hace un año por la diputada Gutíérrez en la Legislatura «está en trámite y en la órbita de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y aún no tuvo dictamen favorable».
«La idea es exhortar a los diferentes representantes políticos de la provincia, para que aceleren la salida del proyecto de la comisión, lo vote Diputados y luego el Senado de la provincia».
Por su parte, el asesor de proyectos especiales del municipio baigorrense, Humberto Cancela, dijo que lo que se acordó en la reunión «es la reactivación del pedido de expropiación, para que no pierda estado parlamentario».
Tras señalar que el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario dictó una medida cautelar que impide que La Calamita se pueda vender, como también que en su terreno se realicen «excavaciones o emprendimientos», Cancela afirmó: «Todos los lotes que rodean al terreno deben ser preservados, aún no está el juicio, y no se han hecho las excavaciones. En ese sitio hubo más de 100 desaparecidos», recordó.
El funcionario dijo que La Calamita tiene una superficie de unas 15 hectáreas, «pero lo que se quiere preservar realmente son cuatro hectáreas», precisó.
La Calamita es una finca protegida por la ley nacional Nº 26.691 —promulgada en julio de 2011— que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos aberrantes del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales.
