Así lo explicó el abogado de Nélida Rojas y los otros cuatro miembros de esa organización que permanecían detenidos desde abril de manera arbitraria.
Esta tarde, la Octava Cámara del Crimen de la Mendoza liberó a la referente de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, a su marido Ramón Martínez, a sus hijas Carla y Leonela Martínez y a Fanny Villegas. Todos estaban detenidos desde el mes de abril por orden de la fiscal Gabriela Chaves que los acusó por los delitos de extorsión, estafa en concurso ideal y asociación ilícita.
Según el abogado Alfredo Guevara, se demostró que «todas estas causas estaban armadas en el marco de la persecución política en la provincia», y diferenció el caso de Mendoza de Jujuy al afirmar que “el correligionario de Morales, Alfredo Cornejo, no ha podido subordinar a la totalidad del Poder Judicial sino que solo pudo manipular la actuación del Ministerio Publico Fiscal”.
Respecto a Federico Torrengo, Gabriela Medina y Lourdes Oviedo, que fueron detenidos la semana pasada en el marco de otro armado de causas los abogados pedirán su libertad este martes por la mañana.
“El fallo de la Cámara fue muy duro. Calificó la actuación del Ministerio Público Fiscal como arbitraria, discrecional, violatoria del principio de objetividad y de diversos derechos de raigambre constitucional al manipular figuras penales como la asociación ilícita, sobre la cual no hay un solo elemento de prueba sobre el cual se pudiera haber formulado esa imputación, así como otras imputaciones de coacción agravada que calificó como manipuladas por la fiscalía», señaló el abogado.
Y continuó: «Por otra parte, estableció que en los delitos por los cuales están acusados nuestros defendidos de extorsión, coacción y estafa no se verifica ningún elemento que pueda acreditar su existencia, sino todo lo contrario, y se pronunció sobre la tipicidad de todas estas imputaciones”.
Para Guevara, “se ha establecido que la causa ha sido armada en función de la persecución contra un grupo previamente estigmatizado y demonizado a nivel nacional y provincial en lo que constituye claramente una persecución política, por fuera de los limites que establecen la Constitución, las leyes y el Código Penal para evitar este tipo de actuaciones del poder político tal como se ha ejercido en nuestra provincia”.
El defensor agregó que “en la causa había 43 imputados por asociación ilícita, integrantes de la Tupac Amaru, de las cooperativas, perseguidos en forma sistemática desde el mes de abril. Este fallo debería haberse dictado entonces, apenas producida la detención pero precisamente por el carácter de persecución política que tiene esta causa tuvimos que sortear diversos obstáculos para poder llegar a que un tribunal imparcial pudiera evaluar lo actuado por la procuración, marcando una gran diferencia entre el Poder Judicial en Mendoza y en Jujuy».
Horacio Báez, otro de los abogados, celebró la liberación de los integrantes de la Tupac Amaru: “Logramos la libertad de cinco personas que no deberían haber estado detenidas ni un día. Se dijo que la fiscal había perdido objetividad, que es la función límite de la legalidad que tiene el Ministerio Publico y que había arbitrariedad. Esto no solamente no es un error judicial gravísimo sino que hay que pensar en la consecuencia que ha tenido que es la privación de la libertad de cinco personas, pero también se ha destruido el funcionamiento inmediato de la organización Tupac Amaru. Se ha desmantelado el sistema de trabajo de la organización barrial y social y las cooperativas de trabajo”.
