Fue presentada por el FpV en el juzgado a cargo de Sergio Torres. Se afirma que el gobierno le habilitó a Flybondi la base aérea de El Palomar como una «solución improvisada», luego de que Aeropuertos Argentina 2000 se negara a cobrarle una tasa diferencial de «lowcost».
El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade amplió la denuncia por las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno en el trámite de autorización para operar como compañía aérea y el otorgamiento de rutas a Flybondi.
El diputado realizó la presentación en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde afirmó que es «ilegal la autorización para que Flaybondi fije su base de operaciones y opere vuelos comerciales desde la Base Militar de El Palomar».
El legislador presentó en el juzgado a cargo de Sergio Torres la denuncia de 24 páginas en la que afirmó que el gobierno le habilitó a Flybondi la base aérea de El Palomar como una «solución improvisada», luego de que Aeropuertos Argentina 2000 se negara a cobrarle una tasa diferencial de «lowcost» para operar desde Ezeiza o Aeroparque.
Para Tailhade, la autorización a Flybondi constituye un delito y, además, «un enorme problema ambiental, sanitario y urbanístico» por el emplazamiento de un aeropuerto comercial en una zona densamente poblada, con varias escuelas, que pone en peligro miles y miles de vidas», según expuso en el escrito al que accedió Télam.
El diputado nacional remarcó en su escrito que Flybondi es una empresa que con sólo 6 mil dólares de capital, sin aviones, sin seguros y, denunció que, sin poner un solo peso a pesar de los numerosos y falsos anuncios de inversiones, llegó a tener 85 rutas aéreas nacionales e internacionales y un aeropuerto a disposición.
La ampliación de la denuncia fue presentada en una causa que se originó para investigar supuestas maniobras para beneficiar con rutas aéreas a la empresa Avianca, vinculada con la familia presidencial, y por la cual ya se realizaron decenas de medidas de prueba sugeridas por el fiscal jorge Di Lello.
En esta causa fueron denunciados el presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el secretario General de la presidencia Fernando De Andreis y el titular de la ANAC Juan Pedro Irigoin, entre otros.
