El fallo que confirmó la condena a Juan Francisco Trigatti marcó el cierre de uno de los juicios más sensibles de los últimos años en la ciudad. El tribunal integrado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri ratificó la sentencia que impuso 12 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra cinco alumnas del jardín de infantes Ceferino Namuncurá, en barrio Yapeyú.
El caso reconfigura el debate sobre los mecanismos de protección en instituciones educativas y la valoración judicial de los testimonios de niñas y niños. En Santa Fe, el fallo deja una señal institucional: la revisión judicial puede revertir estereotipos que históricamente pusieron en duda la palabra de las víctimas.
Tras haber sido absuelto en 2024 por el tribunal de primera instancia, Trigatti fue condenado en junio de 2025 por la Cámara de Apelaciones a 12 años de prisión efectiva. Su defensa interpuso un recurso de apelación horizontal, finalmente rechazado este viernes. El tribunal consideró infundados los planteos de arbitrariedad y sostuvo que la sentencia condenatoria aplicó correctamente la perspectiva de género, niñez y vulnerabilidad.
Los camaristas destacaron que los argumentos de “inoculación” o “histeria colectiva”, usados en el fallo absolutorio, representaban “un estereotipo que responsabiliza a las víctimas”. La ratificación del fallo —unánime— desmonta esa línea defensiva y valida el trabajo del equipo fiscal encabezado por Alejandra Del Río Ayala, junto a Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi.
En el proceso se analizó además la pérdida de las grabaciones de las 32 cámaras de seguridad del jardín, un punto que la defensa calificó como irregular. La Cámara reconoció la gravedad de esa omisión, pero aclaró que “no puede imputarse a la acusación ni al personal policial”, señalando que la responsabilidad podría corresponder a la conducción escolar durante la pandemia.
La resolución también confirmó la remisión del caso a la Auditoría General de Gestión del MPA para evaluar eventuales demoras o falencias procesales. La defensa, representada por Marcos Barceló y Macarena Olivera, dispone de diez días para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte santafesina; de no hacerlo, la condena quedará firme.
Más allá del expediente, el caso interroga la forma en que el sistema educativo y judicial abordan las denuncias de abuso infantil. La confirmación de la condena a Trigatti no solo cierra una causa: instala un precedente sobre cómo escuchar, proteger y creerles a las infancias en los ámbitos donde deberían estar más seguras.
