En una sesión atravesada por cuartos intermedios y dictámenes de apuro, el oficialismo consiguió encaminar la habilitación de la reelección del gobernador mientras dejó fuera de texto la incorporación de un mandato constitucional para los inquilinos. Parte de la oposición se retiró del recinto y denunció que se perdió una oportunidad histórica para fijar obligaciones estatales de acceso a la vivienda.
El episodio importa porque ordena prioridades en la nueva arquitectura provincial: las reglas del poder quedaron al tope de la agenda y los derechos urbanos, en segundo plano. Para miles de hogares que alquilan —un fenómeno en aumento en las grandes ciudades de Santa Fe—, la diferencia entre una ley ordinaria y una cláusula constitucional es sustantiva: lo primero es política pública; lo segundo, obligación.
Qué se aprobó y qué quedó en suspenso. La comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo firmó el dictamen que abre la reelección de gobernador y vice, con una cláusula transitoria que podría habilitar una postulación del actual mandatario si el pleno la convalida. En paralelo, la comisión de Régimen Municipal y Derecho a la Ciudad avanzó con despachos propios del oficialismo, sin incorporar el capítulo de inquilinos propuesto por bloques opositores.
Qué pedía la oposición. La redacción alternativa buscaba anclar en la Constitución un mandato operativo: facilitar la transición de inquilinos, poseedores y sectores excluidos del mercado formal hacia la propiedad de la vivienda. No era un eslogan: ataba programas, presupuesto y métricas a un piso constitucional difícil de revertir.
Por qué es relevante ahora. Tras años de alquileres por encima de salarios y mayor proporción de hogares en renta, fijar el tema en la Carta Magna hubiera dado previsibilidad a una política que hoy depende de partidas y coyunturas. La contracara es el impacto fiscal y la disputa por competencias entre Provincia y municipios, argumento que el oficialismo esgrimió para sostener que la vía adecuada es la ley y no la Constitución.
El saldo político. El oficialismo mostró disciplina y velocidad para cerrar su paquete institucional, con la reelección como eje. La oposición eligió marcar la escena con una retirada del recinto y un mensaje: “esta Constitución debe ser de la gente”, con la vivienda en primer plano. El contraste instala el debate sobre qué entiende cada bloque por prioridad pública.
Cómo sigue. El pleno deberá votar los dictámenes ya ingresados y resolver las transitorias. Si la reelección reúne los apoyos previstos, el capítulo de inquilinos quedará atado a futuras negociaciones o a la legislación ordinaria. Allí el riesgo es claro: sin rango constitucional, los programas pueden rotar o diluirse al ritmo de la próxima administración.
Lo que está en juego para Santa Fe. La reforma definirá no solo el mapa del poder para la década que empieza, sino también el alcance de derechos que ordenan la vida urbana. La decisión de dejar afuera a los inquilinos, al menos en esta instancia, corre el foco de la vivienda como política de Estado y lo devuelve a la arena de la disputa anual por recursos. En tiempos de bolsillos ajustados, ese gesto político pesa más allá del recinto.
