Una exanalista de microbiología que trabajó en la planta de Ramallo vinculada a HLB Pharma denunció que “todos sabían que ese lote de fentanilo estaba contaminado” y describió falsificación de controles, ausencia de trazabilidad y condiciones de producción impropias. La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, se enmarca en una crisis sanitaria que ya acumula casi cien muertes en el país.
El testimonio, brindado bajo reserva de identidad, es relevante porque apunta al corazón del proceso: cómo se fabricaron, controlaron y liberaron las ampollas luego distribuidas por HLB Pharma, la firma de Ariel García Furfaro. Si se corrobora, obligará a revisar responsabilidades dentro y fuera del laboratorio, y a auditar la cadena de control que debería haber evitado la circulación de un inyectable contaminado.
Según la denunciante, la planta operaba con personal sin capacitación específica, incluso con empleados que no habían terminado el secundario. Aseguró que “los análisis microbiológicos no se hacían”, que se “completaban planillas a mano con resultados inventados” y que la trazabilidad “no existía”. Sostuvo que se contrataba gente para llenar papeles de controles ambientales “que nunca se realizaban”.
La mujer describió episodios en los que, al intentar hacer los análisis “como corresponde”, las muestras “estallaban de bacterias”. Remarcó que, en productos inyectables, el conteo debe dar cero y que los valores hallados eran incompatibles con buenas prácticas. También afirmó que no se respetaba la cuarentena previa a la liberación: “Cuando llegaban los últimos resultados, el lote ya estaba afuera”.
El relato incluye detalles sobre condiciones térmicas y de higiene. Dijo que el fentanilo se fraccionó “en pleno verano, con más de 35 grados” y “sin refrigeración adecuada”. Aseguró que “no andaba el aire acondicionado”, que los fraccionadores “a veces trabajaban en ropa interior, con las puertas abiertas” y que se manipuló un producto termolábil sin los cuidados básicos: “No se puede calentar, hay que filtrarlo y esperar los análisis”, insistió.
La narrativa de la exempleada abarca tres años de trabajo en el área de microbiología, con foco en la línea de inyectables. Según su versión, las prácticas habituales incluían liberar producción sin la documentación exigida y sin garantías de esterilidad. “No nos asombra lo que pasó. Todos los que trabajamos ahí sabíamos cómo se hacían las cosas”, afirmó.
En paralelo, la causa federal avanza sobre un presunto esquema de irregularidades en la fabricación y distribución del fentanilo. El juzgado de Ernesto Kreplak investiga responsabilidades penales y administrativas, y releva documentación para reconstruir el circuito que permitió que las ampollas llegaran a hospitales y clínicas. La validación pericial del testimonio será una pieza clave.
Por qué importa ahora. Más allá de las imputaciones individuales, el caso expone fallas sistémicas: controles internos débiles, auditorías ineficaces y trazabilidad insuficiente en medicamentos críticos. Para un producto como el fentanilo —de uso extendido en analgesia y anestesia—, los estándares de fabricación y verificación son la última barrera entre un tratamiento seguro y un evento adverso masivo.
Qué sigue. La Justicia deberá contrastar cada afirmación con registros, pericias y testimonios de otras áreas. Si se confirma la ausencia de controles y trazabilidad, el expediente reconfigurará el mapa de responsabilidades y acelerará cambios regulatorios y de fiscalización. Para el sistema de salud, la prioridad es doble: verificar stocks, reforzar protocolos y sostener una comunicación transparente con profesionales y pacientes.
