La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, consideró que la condena al exfiscal regional Patricio Serjal, por cobrar coimas para encubrir una red de juego clandestino, constituye “una reparación institucional” para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Queremos resaltar que este es un fallo valiente, ejemplar y realmente reparador. Los jueces hablaron del daño institucional que provocó este tipo de desempeños, pero hoy sentimos que el fallo nos repara como institución”, afirmó tras conocerse la sentencia.
El tribunal integrado por Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Cecilia Macogliese impuso una pena de nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para Serjal, hallado culpable de haber cobrado sobornos a cambio de frenar investigaciones sobre juego ilegal.
Vranicich destacó que el proceso judicial “marca un antes y un después en la historia de la justicia rosarina” y que el MPA atraviesa “una etapa de fortalecimiento institucional”. Subrayó además que la reciente decisión de la Convención Constituyente de reconocer al organismo como órgano extrapoder es un hecho “histórico” que consolida su independencia.
La fiscal general también valoró el desempeño de los fiscales que llevaron adelante la investigación y el juicio. “Debo resaltar el trabajo de quienes asumieron este debate y de todos los que iniciaron la investigación. Esto nos fortalece institucionalmente”, expresó.
Sin embargo, reconoció que el proceso deja “un sabor amargo”: “Las dos personas que hoy están nuevamente en prisión preventiva fueron parte del MPA. Eso, por supuesto, nos duele”.
Consultada sobre las alusiones judiciales a una posible conexión política en la trama de corrupción, Vranicich evitó anticipar definiciones: “Eso lo veremos. Ya existe una imputación, y serán los fiscales a cargo quienes brinden las precisiones correspondientes”.
El caso Serjal condensa una tensión que la justicia santafesina arrastra desde hace años: cómo sancionar la corrupción dentro de sus propios límites y reconstruir confianza en la función pública. Con esta condena, el MPA intenta cerrar una etapa marcada por la sospecha y reafirmar que la rendición de cuentas también debe empezar por casa.
