En una ciudad donde cada estallido puede ser una tragedia invisible, Rosario se prepara para dar un golpe firme —y sonoro— contra la pirotecnia. Una nueva propuesta legislativa busca llevar las sanciones por uso y tenencia de fuegos artificiales a cifras inéditas: hasta 10 millones de pesos. Pero el mensaje va mucho más allá del número. Se trata de poner en el centro de la política urbana a quienes suelen quedar al margen del ruido: niños con autismo, personas mayores, animales, familias enteras que tiemblan cuando la celebración ajena se convierte en violencia sensorial.
El proyecto ingresó esta semana al Concejo Municipal y propone actualizar el artículo 175 del Código de Convivencia Ciudadana, estableciendo que las multas pasen de un rango actual de entre 25 y 500 Unidades Fijas (UF), a una nueva escala que va de 7.000 a 8.000 UF. Como cada unidad equivale al precio de un litro de nafta súper del ACA —hoy en $1.249—, la sanción podría oscilar entre 8.743.000 y 9.992.000 pesos.
La autora de la iniciativa, la concejala Fernanda Rey, no se anda con eufemismos: “El uso de pirotecnia genera serios perjuicios a la salud y el bienestar de la población”. Lo explica con datos duros, pero también con sensibilidad política: personas con hipersensibilidad auditiva, niños con TEA, adultos mayores, personas con discapacidad, mascotas que entran en pánico. La lista de afectados es amplia y silenciada, como el efecto que la norma busca producir: silencio real, no retórico.
La propuesta no busca engrosar las arcas municipales. “El incremento no persigue un fin recaudatorio, sino que forma parte de una estrategia de prevención y concientización”, sostiene el texto que ya fue girado a la comisión de Gobierno. La pirotecnia no solo es un problema sanitario. También es social, cultural y legal. Según la concejala, “las reiteradas denuncias vinculadas al uso indebido de pirotecnia en el espacio público y en eventos deportivos masivos” demuestran que el marco actual es ineficaz. El castigo no duele; y cuando no duele, no cambia nada.
En Rosario, donde las bombas de estruendo siguen marcando las noches de diciembre y los festejos deportivos, la política municipal parece dispuesta a correr los límites. Con una multa que puede equiparar el valor de un automóvil 0km, la ciudad no solo quiere evitar que se encienda una mecha: busca instalar un nuevo sentido común.
Porque detrás de cada “¡boom!” hay algo más que una explosión. Hay cuerpos que sufren, derechos vulnerados, y un Estado que —con esta propuesta— se anima a ponerle precio al daño, pero sobre todo, a decir basta.
