El tratamiento del Presupuesto Municipal 2026 dejó algo más que números sobre la mesa. En una sesión intensa, oficialismo y oposición chocaron por el sentido de un artículo que, para unos, garantiza flexibilidad en un año incierto, y para otros habilita decisiones sin el debido contralor. La discusión alrededor de ese punto terminó ordenando la lectura política de la jornada.
La controversia impacta de lleno en la gobernabilidad local. Afecta al Ejecutivo, que busca herramientas para administrar un escenario de recursos ajustados, y también al Concejo, que recela de ceder atribuciones en un contexto donde la transparencia se volvió un valor de alta sensibilidad pública. El modo en que se aplique esa facultad durante 2026 será determinante para el vínculo entre ambos poderes.
Tras la aprobación general del proyecto, el oficialismo defendió la planificación como un instrumento para sostener obras y servicios básicos en medio de la caída de transferencias nacionales. Adriana Molina sostuvo que el presupuesto permite ordenar la gestión desde enero, mientras Carlos Suárez destacó la necesidad de priorizar mantenimiento de calles, bacheo, iluminación y tareas ambientales. En esa línea, María Beatriz Barletta señaló que el plan concentra esfuerzos en infraestructura y mejoras visibles para los barrios.
El contrapunto lo dio el artículo 52, que habilita al Ejecutivo a reconocer gastos, refinanciar deudas y acordar condiciones financieras sin un acto administrativo previo, aunque con obligación de informar si el Concejo lo solicita. Allí se ancló la crítica opositora. Jorge Fernández, del PJ, habló de un “cheque en blanco” que habilitaría decisiones discrecionales con dinero público. Jorgelina Mudallel objetó la estructura del gasto y el crecimiento de servicios tercerizados, mientras Violeta Quiroz sumó reparos por el impacto de las tasas y la falta de obras que sostengan ese esfuerzo económico en los barrios.
El cruce dejó una señal de cómo podría transcurrir la agenda legislativa del año próximo. Con un presupuesto ya sancionado, el desafío será administrar la tensión entre eficiencia en la ejecución y control efectivo sobre el uso de los recursos, en un momento en que la sociedad exige cuentas claras y respuestas concretas.
