El año arranca con un número que funciona como termómetro social: 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas de Santa Fe, según registros del Ministerio de Trabajo provincial. No es desempleo abierto, pero se le parece en la vida diaria. La suspensión recorta ingresos, altera rutinas y deja a miles de familias en una espera que no tiene fecha.
El mapa del problema tiene un centro claro. Más de la mitad de las firmas que aplicaron suspensiones pertenece a la industria metalúrgica. Es un sector sensible al pulso del mercado interno y, al mismo tiempo, expuesto a la competencia importada. Con 26 empresas encuadradas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el mecanismo formaliza lo que en la práctica ya venía ocurriendo: menos horas, menos producción y un salario que se negocia para sostener el vínculo laboral.
El segundo rubro en volumen es vigilancia privada, con ocho establecimientos. Es un dato que abre una lectura distinta: cuando se achica la actividad económica, el ajuste se filtra por servicios que dependen de contratos empresariales y de consumo. La industria empuja, el resto acompaña.
El secretario de Trabajo, Julio Genesini, describió un escenario contenido, sin señales de cambio de tendencia en el corto plazo. La comparación histórica le pone contexto: a mediados de 2024 hubo más de 11 mil suspendidos. El piso actual es más bajo que aquel pico, pero el movimiento reciente volvió a inquietar. En noviembre de 2025 eran alrededor de 3.400; ahora el número creció y sostiene una leve suba interanual.
La discusión de fondo es qué tipo de estabilidad ofrece el “paraguas” de las suspensiones. En 2025, el Gobierno provincial apostó a mesas tripartitas por sector —Estado, empresas y gremios— para diseñar contenciones mientras la economía no repunta. Es una ingeniería útil cuando el problema es transitorio. Pierde potencia cuando la caída de la demanda y el desplazamiento por importados se vuelven estructura.
La geografía suma otra pista: el cordón industrial del sur provincial concentra buena parte de los casos. Es lógico. Allí, una parada de planta no impacta solo en el operario. Impacta en proveedores, logística, comercios y pequeños talleres que viven del ritmo de las grandes fábricas. La suspensión se multiplica como onda corta: primero el salario, después el barrio.
Genesini repasó, además, conflictos que exhiben dos tipos de crisis. Una es la crisis productiva, donde el empleo se administra con esquemas rotativos. Otra es la crisis de cumplimiento, donde el problema ya no es la demanda sino la relación laboral en sí misma.
En ese segundo grupo aparecen casos como Vassalli, con deudas salariales e incumplimientos de acuerdos, y el frigorífico Euro, paralizado y ocupado por trabajadores en un cuadro de promesas de traspaso que no se concretan. La láctea Verónica quedó mencionada en la misma lógica: acuerdos que se firman y después se erosionan en la práctica. Ahí, el riesgo cambia de naturaleza: el conflicto deja de ser “cuánto se produce” y pasa a ser “quién responde”.
En el primer grupo, el ejemplo más relevante es Acindar, que renovó con la UOM Villa Constitución un régimen de suspensiones rotativas activable según necesidad productiva. Electrolux cerró un esquema similar hacia fin de año, vigente hasta el 4 de enero, sin confirmaciones públicas sobre una continuidad. En ambos casos, el dato central es que el empleo se sostiene con respirador: no cae, pero no camina solo.
La obra pública provincial aparece como el amortiguador que Santa Fe se atribuye a sí misma. A septiembre de 2025, la provincia registraba 36 mil ocupados en construcción, con un alza respecto del mismo período de 2024. Esa política sostiene puestos y derrama actividad en cadenas locales. Su límite es evidente: no reemplaza la escala del mercado interno ni resuelve la ecuación cambiaria que pesa sobre la industria. Evita que el golpe sea más fuerte; no cambia el clima macro.
Para 2026, el dilema queda planteado sin dramatismo, pero con crudeza. Si la suspensión se vuelve normalidad, el salario pierde previsibilidad y la negociación se convierte en rutina de emergencia. En ese punto, el sistema deja de “ganar tiempo” y empieza a gastar capital social: paciencia, confianza, capacidad de consumo. Santa Fe entró al año con el conflicto contenido. El desafío es que no se vuelva costumbre.
