En una ciudad que ha convivido durante años con una sensación difusa de amenaza —a menudo soterrada, otras veces explícita—, un nuevo experimento de seguridad empieza a tomar forma. Bajo el nombre de Comando Unificado, Santa Fe capital comienza a replicar el modelo que Rosario ensayó para coordinar, con relativo éxito, la acción de fuerzas provinciales y federales frente a un fenómeno que ya no reconoce fronteras: el crimen organizado.
La iniciativa, presentada formalmente esta semana, tiene el aval político del gobierno nacional y se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Ejecutivo santafesino para recuperar el control territorial. El anuncio llega en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en zonas específicas de la ciudad y por la creciente sofisticación de las redes delictivas.
“Las fuerzas se van a desplegar en la ciudad y también en el Departamento La Capital”, explicó Sebastián Montenotte, subsecretario de Análisis Criminal de la provincia. En diálogo con la prensa, detalló que, en esta primera etapa, el despliegue tendrá lugar en dos zonas críticas: los barrios Pompeya y Barranquitas. “La provincia cede vehículos a las fuerzas federales para que hagan su tarea preventiva, y establecimos un criterio de trabajo conjunto dentro del plan de seguridad que lleva adelante la provincia”, agregó.
Pero más allá del dispositivo operativo —que incluye patrullaje, control territorial y refuerzo en tareas de inteligencia criminal—, el corazón del modelo reside en la lógica de coordinación. La presencia federal no llega como un actor externo, sino como parte de una arquitectura compartida. Una mesa única de decisiones operativas, con reuniones regulares, análisis de datos en tiempo real y la posibilidad de modificar el mapa de intervención conforme cambien los indicadores.
Detrás del Comando Unificado hay una premisa sencilla y contundente: donde no hay coordinación, hay vacíos. Y donde hay vacíos, el crimen se organiza.
En paralelo, se proyecta un refuerzo estratégico en dos frentes sensibles: el narcotráfico y la justicia. Por un lado, se fortalecerá la unidad antidrogas de la Policía Federal y se reorientarán recursos de Prefectura para mejorar el control en la hidrovía Paraná-Paraguay, una vía logística clave para el ingreso de estupefacientes desde Brasil y Paraguay. Por otro, se prevé una articulación más estrecha con el Ministerio Público de la Acusación (provincial) y el Ministerio Público Fiscal (federal), buscando acelerar las causas vinculadas al crimen organizado y desarticular estructuras desde su núcleo financiero y logístico.
Los desafíos son considerables. Rosario, con más tiempo de rodaje, aún enfrenta episodios que revelan los límites del modelo. Pero el caso rosarino también enseña algo: la ausencia de respuestas conjuntas solo profundiza la fragmentación del Estado.
En Santa Fe, la apuesta es clara: cambiar la dinámica antes de que los márgenes se transformen en norma. El tiempo dirá si esta nueva estrategia logra no solo contener, sino transformar las condiciones estructurales que dan oxígeno al delito. Por ahora, lo que se inicia no es simplemente una operación policial. Es, también, una batalla por el control del territorio simbólico del Estado. Y esa batalla —como tantas otras en América Latina— se libra, barrio por barrio.
