Cuando Analía fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo en junio, no esperaba que un trámite rutinario destapara una pesadilla administrativa y legal: según los registros oficiales, su hijo Tomás había salido del país rumbo a Bolivia el 10 de diciembre de 2024 y nunca regresó. Solo que eso nunca ocurrió.
“Me dijeron que estaba suspendida porque el 10 de diciembre mi hijo salió a Bolivia. Mi sorpresa fue porque no salió y por la mirada acusadora. Me decían: ‘por ahí no te acordás’”, relató Analía en declaraciones al canal local El Tres, visiblemente conmovida, con su hijo —presente y en brazos— mientras intentaba entender cómo alguien pudo haber utilizado la identidad del niño.
El episodio ocurrió en el barrio de Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario, una de las zonas más golpeadas por la inseguridad y la informalidad administrativa. Según su relato, luego de acercarse a ANSES y enterarse del presunto viaje, recurrió a la Dirección Nacional de Migraciones. Allí, las autoridades le confirmaron que los registros indicaban que un menor con el mismo nombre, apellido y número de documento había cruzado la frontera hacia Bolivia, aunque sin registro de retorno.
“No salimos del país. Mi hijo nunca cruzó. Me mostraron en pantalla el cruce y los datos coincidían exactamente. Escanearon su DNI y estaban sus datos… Pero el chico estaba acá”, explicó Analía. Lejos de obtener respuestas claras, la mujer asegura que las autoridades insinúan que podría haber un error de memoria o una autorización familiar no registrada. “Me decían ‘capaz se fue con los abuelos’. ¿Cómo va a ser eso si yo lo tengo acá todos los días?”, se preguntó.
Más inquietante aún: funcionarios de Migraciones le señalaron que existirían imágenes del paso fronterizo. “Hay cámaras de un móvil donde se lo ve”, le dijeron. Pero la mujer no ha tenido acceso al video. “Si hay un niño que salió, entonces… ¿quién fue?”, se preguntó, en un tono que oscilaba entre el desconcierto y la indignación.
El caso no es aislado. En los últimos años se han registrado varios episodios similares en los que la documentación de menores fue utilizada de forma irregular para sacar a niños del país, presuntamente para fines de adopción ilegal, trata o redes familiares informales de traslado entre fronteras. Pero rara vez se resuelven con claridad.
Organismos de derechos humanos y defensorías del niño vienen advirtiendo sobre fallas en los controles migratorios, especialmente en pasos fronterizos de baja supervisión tecnológica, donde los controles de identidad se limitan al escaneo de un DNI sin verificación biométrica ni presencia obligatoria de ambos progenitores.
En una breve declaración, fuentes de Migraciones indicaron que “el caso está bajo análisis” y que se procederá a una revisión del expediente. Desde ANSES, en tanto, aseguraron que una vez regularizada la situación documental, el beneficio de la AUH será restablecido.
Para Analía, sin embargo, no se trata solo de un subsidio. “Esto es grave. Si se puede cruzar a un chico con los datos de otro, entonces mi hijo ya no tiene identidad segura. ¿Cómo me aseguran que no va a pasar de nuevo?”, dijo, mientras su hijo la miraba en silencio, como si presintiera que algo invisible —pero real— había cruzado la frontera en su nombre.
