Sobre el pucho, y sin mayores detalles, la municipalidad de Santa Fe dio a conocer a través del diario local que este lunes estaba prevista la licitación de la concesión para la administración, explotación, puesta en valor y remodelación de la Terminal de ómnibus, en conjunto con un proyecto para los terrenos lindantes que se basan en inversiones privadas a cambio de un conveniente canon de sólo 12 mil dólares o “su equivalente en obras públicas”, para explotar valiosos espacios estrategicamente ubicados y de carácter público.
Ignorando las pocas voces que se alzaron pidiendo explicaciones y mayores detalles, la gestión Corral hace foco en la supuesta “transformación a un centro de servicios de las actuales instalaciones, además de incluir actividades que traccionen la concurrencia y permanencia tanto de pasajeros y turistas como de vecinos en general” con un presupuesto oficial para los trabajos de la puesta en valor y remodelación del edificio de $21,086,647.46.
Para hacerse cargo del servicio de la Terminal se presentó una UTE entre las empresas Fluviales/Etacer y Recreo SRL, esta última perteneciente al grupo Autobuses Santa Fe S.A., vinculada al empresario Alejandro Rossi, hermano del referente kirchnerista Agustín Rossi. La Unión Transitoria de Empresas ofertó un monto cercano a los 26 millones de pesos.
Según consigna el sitio Periodismo Salvaje, la Ordenanza establecía plazos perentorios de 10 meses para la confección de un Master Plan para toda la zona; y “3 meses antes (abril de 2017) a la finalización de la prórroga que el Ejecutivo había cedido a la actual concesionaria -NETOC S.A.-, debía elaborar los pliegos y convocar a una nueva licitación para la concesión de la administración y explotación de la Estación Terminal de Ómnibus”.
Según el mismo sitio, para allanar el camino, el 16 de Junio de 2016 el ejecutivo envió al Concejo el mensaje 13/2016, que luego el cuerpo deliberante aprobó y transformó en ordenanza N°12.281 por la que se otorgaba una última prórroga de 15 meses a NETOC S.A., a la vez que se conformaba una “Comisión de Trabajo integrada por cuatro (4) concejales y representantes de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de un proceso participativo, diseñe y elabore, en un plazo de diez (10) meses, el referido proyecto de ‘Master Plan de Renovación y Desarrollo Urbano ‘. (Ordenanza 12.281).
Según esta ordenanza, “la Comisión invitará a instituciones y actores de la sociedad civil a participar de los debates, a los fines que puedan deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas áreas de interés; establecer los principales ejes que deberá abordar el Master Plan; sugerir mejoras y modificaciones al proyecto; y formular propuestas de inversión pública y/o privada para el sector a intervenir”. Sin embargo, nunca existió convocatoria alguna a la comunidad, ni la comisión mixta entre funcionarios y concejales presentó siquiera un borrador del proyecto en tiempo y forma. Lo hizo recién en agosto (con cuatro meses de demora) y tras la renuncia de dos de sus miembros que representaban a a la oposición (Aeberhard y Saleme).
Más allá de la terminal en sí y lo que sería una concesión de un servicio público que trasciende a la actual gestión municipal que culmina el 10 de diciembre de 2019, los ojos se siguen posando sobre los alrededores del edificio en cuestión. Una curiosa publicación del diario El Litoral identifica con información oficial “terrenos que pueden servir para emprender proyectos público-privados y para el desarrollo inmobiliario de alta densidad”.
Con los plazos cumplidos, y el pescado sin vender, ahora la municipalidad avanza en la licitación, sin consentimiento del Concejo y violando los preceptos establecidos en las normas generales y en su propia resolución que homologa la Ordenanza N° 12.281. Además, el decreto de llamado a licitación firmado por el propio Intendente Corral, se refiere a los lineamientos de un Master Plan que no existe, y cuyo proceso podría invalidarse al inquirir en varios vicios administrativos.
Por su parte, el interbloque de concejales del justicialismo presentó al municipio un recurso de nulidad y revocatoria de todo el proceso, basándose en que es el Concejo el que debe aprobar las bases y condiciones de la licitación, según lo establece la Ley Orgánica de Municipios y comunas y la Ley de Administración Financiera del Estado.
Las sospechas vuelven a fundarse en las ya conocidas experiencias del Nuevo Puerto de Santa Fe o bien el polémico Parking Alberdi. La raíz profunda: una de las más onerosas concesiones municipales de terrenos públicos de la ciudad en una de las zonas geográficas más pujantes y prósperas para grandes negocios inmobiliarios privados.
