SANTA FE — El diputado provincial Miguel Rabbia quiere saber exactamente eso: por dónde sangra el IAPOS, la obra social de los trabajadores del Estado santafesino, que —según sus cálculos— recauda casi el doble que las obras sociales nacionales, pero cubre cada vez menos. Lo dice con una cifra punzante: entre 2022 y 2024, el bono de internación pasó de $1.380 a $36.000. Un aumento del 2.500 %, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período (489 %) y completamente desfasado respecto de los aumentos salariales (149 %).
La pregunta no es solo retórica. Rabbia, médico sanitarista con trayectoria en gestión pública y maestría en sistemas de salud, presentó un pedido de informes y prepara una ley para transparentar el uso de fondos del IAPOS, mientras alerta por lo que considera un “esquema de cofinanciamiento encubierto” que obliga a los afiliados a pagar parte de prestaciones esenciales, incluso en situaciones críticas como cirugías o internaciones.
Una obra social estatal en terapia intensiva
IAPOS cuenta con una estructura de recaudación particular: no depende de múltiples empleadores, sino de uno solo —el Estado provincial—, y sus aportes son más altos que el promedio nacional. El 4,5 % del sueldo bruto de los trabajadores activos y el 5,5 % de los jubilados van directamente a financiar la obra social, frente al 3 % que se descuenta en las obras sociales sindicales. A eso se suma ahora el “IAPOS complementario”, que incrementa el aporte un 30 %.
Pero los beneficios no crecen en la misma proporción. Según denunció el legislador, muchos afiliados deben abonar bonos quirúrgicos por encima de los $180.000 y prestaciones especiales que superan ese monto. “Además de estar enfermo y tener que ir a cirugía, vas a tener que pagar parte de esa prestación. Es como tener que cofinanciar tu enfermedad”, graficó Rabbia.
Una caja sin control ciudadano
El fondo del problema, según el diputado, no es solo económico sino político: la falta de acceso a información sobre el destino de los fondos. Por eso presentó un proyecto de ley que permitiría a los trabajadores conocer cómo se distribuyen los recursos del IAPOS, qué tipo de cobertura real tiene cada afiliado en las distintas regiones de la provincia y cómo se ejecutan los contratos con prestadores.
“No hay trazabilidad ni rendición abierta. Y los trabajadores pagan mucho para no saber nada”, advirtió Rabbia en diálogo con La Nueva Nueve. Hasta el momento, el proyecto no fue tratado en comisiones.
Recaudación creciente, cobertura decreciente
La crítica del legislador no se limita al IAPOS. Apunta al modelo fiscal general del gobierno de Maximiliano Pullaro, al que acusa de aplicar una “lógica de recaudación llamativa”, con aumentos de tarifas, impuestos y contribuciones por encima de la inflación. “Todos los servicios en Santa Fe aumentaron más que los salarios”, advirtió. Y agregó: “Esto nos pone como una provincia cara, poco competitiva y con trabajadores que cada vez pueden menos”.
Lo que emerge detrás de esta discusión es un modelo de salud provincial que, sin dejar de ser estatal, se vuelve cada vez más costoso para quienes lo financian. “No es una crisis por falta de aportes. Es una crisis de gestión, de opacidad y de prioridades”, sostuvo el legislador.
El problema ya no es solo médico
IAPOS nació para garantizar atención integral a los trabajadores del Estado. Pero hoy, entre bonos que duplican sueldos, aumentos sin justificación pública y silencio institucional, esa promesa parece cada vez más lejana. Lo que plantea Rabbia no es solo un reclamo, sino un diagnóstico: si una obra social estatal, con recaudación asegurada, no puede brindar cobertura suficiente, ¿qué tipo de sistema de salud estamos construyendo?
Y sobre todo: ¿quién se está beneficiando con su mal funcionamiento?
