El atraso en los aranceles y las deudas en los servicios llevaron al cierre a varias instituciones en la provincia.
Los ajustes en las pensiones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles ponen en jaque a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según denuncian desde la asociación que reúne a centros de día, escuelas y consultorios de rehabilitación, este año cerraron su puertas dos instituciones terapéuticas y unos 46 transportistas dejaron la actividad.
Según describen los titulares de centros de día o instituciones educativas, al atraso en la actualización de aranceles (desde el año pasado sólo tuvieron un incremento del 17 por ciento) se suman también deudas históricas por “descuentos arbitrarios” que se han realizado sobre la facturación. En algunos casos, estas deudas cumplieron ya dos o tres años.
“Hay instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas o que están en riesgo de hacerlo”, advierten. En la provincia hay unas 100 mil personas con discapacidad, de las cuales una mayoría no tiene obra social y depende del programa nacional Incluir Salud.
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