Correo argentino, el escándalo.

Denuncia Penal al Presidente:
El escándalo desatado por el informe de Gabriela Boquín – el cual estima que el Estado condona el 98% de la deuda que el Grupo Macri tiene con el mismo- tuvo sus primeras consecuencias judiciales. Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron penalmente a Mauricio Macri, a su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa.

La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Se acusa a los tres funcionarios por fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

“En la propuesta que aceptó el gobierno macrista –dice el escrito-, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Y todo esto, con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado”.

Sabbatella y Cerruti denunciaron que “al momento de emitir su dictamen sobre la aceptación de la oferta por parte del Estado Nacional, la fiscal Gabriela Boquín advirtió que ‘la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda’; que ‘la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal’; y la propuesta aceptada ‘resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad’, entre otras cosas”.

Proponen crear comisión para investigar:
El bloque del Frente para la Victoria anunció que pedirá la conformación de una comisión bicameral para investigar los negocios del Grupo Macri con el Estado y también su vinculación con todas las cuentas y empresas radicadas en paraísos fiscales, que se dieron a conocer el año pasado en el escándalo de los Panamá Papers. De esta manera, la oposición intenta pretenden dar vuelta la maniobra del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien pretende que sean los legisladores quienes vayan a sus oficinas y no que los funcionarios involucrados concurran al Congreso, tal como lo indica la Constitución.

El diputado Guillermo Carmona anunció que junto con el titular del bloque, Héctor Recalde, presentarán un proyecto de ley de conformación de la comisión bicameral y que esperan que participen legisladores de toda la oposición “pero del oficialismo también”.

“Si quieren transparencia tiene que haber comisión investigadora. Si quieren ocultar posibles maniobras, la rechazarán y quedara claro que es acción de encubrimiento”, aseguró Carmona en diálogo con Tiempo Argentino. “Es tan escandaloso y grave que hasta lo admiten así en el oficialismo”, sentenció.

“El texto del proyecto de ley plantea que la comisión bicameral investigue las actividades del grupo Macri en su relación con el Estado nacional y del accionar de funcionarios del Poder Ejecutivo en relación con ese grupo”.

También se planteará que se investigue si han existido situaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencia u omisión del Poder Ejecutivo en relación con el Grupo Macri, en particular del Correo Argentino.

Asimismo, se pretende investigar si hay posibles vinculaciones entre el Correo Argentino con las actuación de sociedad off shore investigadas por lavado de dinero en el paraíso fiscal de Panama, informaron fuentes parlamentarias.

De esta manera, los legisladores pretenden hace frente a la convoctaria de Aguad de todos referentes de todo el arco político a una reunión en sus oficinas la próxima semana.
“Desde nuestro bloque pedimos que Aguad vaya a dar explicaciones al Congreso y no al revés. El hecho es de tal gravedad que el ministro tiene que ir al Congreso a dar explicaciones “, sostuvo Carmona.

“El Congreso no puede seguir al margen o mirando hacia otro lado en cuestiones tan delicadas como las que se presentan en el Grupo Macri con los Panamá Papers y el Correo Argentino”, sostuvo el diputado mendocino.

“Están en juego responsabilidades políticas del presidente y su gabinete. Si hay elementos contemplados en la Constitución como causales de juicio político se puede habilitar esa vía. El Congreso tiene un rol de control y sanción al Poder Ejecutivo, no solo la justicia y los fiscales”, advirtió.

La voz del gobierno:
Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, rechazó que la empresa que estaba a cargo de la familia presidencial haya sido beneficiada con una condonación de $ 71.000 millones

Ante las críticas por el acuerdo cerrado en junio pasado con la empresa Correo Argentino S.A. para el cobro de una deuda millonaria de 2001, el Gobierno declaró ayer que a Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y titular de dicha sociedad, “no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses” de ese pasivo. De acuerdo al dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, la deuda original es de $ 296 millones, con el tiempo superó los $ 4.000 millones y ahora, actualizada con índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a $ 71.000 millones, con lo cual la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado implica una quita del 98,82%.

Los funcionarios de primera línea del Ejecutivo evitaron hacer declaraciones al respecto y dejaron el tema en manos de los referentes del Ministerio de Comunicaciones, con el titular de la cartera Oscar Aguad como voz principal. “La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal”, señaló Aguad en diálogo con radio Mitre Córdoba. “Nunca hablé con Macri de este tema, que no lo tomé como judicial”, dijo el ministro al responder sobre las posibles implicancias éticas de la negociación de una deuda que involucra a empresas de la familia presidencial.

El ministro radical relató cómo se llegó al acuerdo puesto en cuestión por la fiscal Boquín. Recordó que el origen del conflicto se remonta al 2001, con reclamos del Estado al concesionario por la falta de pago del canon, y del concesionario al Estado, por falta de pago de los servicios prestados. El conflicto derivó en la presentación del Correo en concurso de acreedores. “Cuando asumió Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de $ 296 millones. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo”, relató. Aguad dijo que “durante los 12 años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda”, que cuando él asumió heredó el juicio, y que “las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos”. Y explicó que la empresa no contaba con bienes porque, “cuando el Estado le canceló la concesión, se quedó con todos los bienes del Correo Argentino”.

Además de Aguad habló el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Carlos Mocoroa, quien remarcó que al padre del mandatario “no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses” de la deuda originada cuando Correo Argentino S.A. entró en concurso preventivo. Agregó también que “no se hizo ninguna quita, porque para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa finalmente va a pagar el 100%”.

En paralelo, fuentes del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que Aguad convocará en las próximas horas a los referentes parlamentarios de todo el arco político a un encuentro conjunto destinado a aclarar sus dudas sobre el acuerdo por la deuda de la empresa. Esa reunión se concretaría la próxima semana.

Al conocerse el informe de la fiscal, diputados nacionales del FPV-PJ encabezados por el presidente del bloque FPV-PJ, Héctor Recalde, presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri, Aguad y Mocoroa por presunta “defraudación”.
Los legisladores pidieron que se investigue la responsabilidad penal del presidente de la Nación, quien a raíz de la aprobación de la condonación de la millonaria deuda a Correo Argentino “beneficia de manera directa a sus hijos, a su padre y a sus hermanos, en perjuicio del patrimonio de todos los argentinos”. La denuncia quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado.

La posición de una representante santafesina | Frana pide explicaciones en el Congreso
La legisladora santafesina presentó un pedido de informes para que se brinden detalles sobre la condonación de deuda al Correo Argentino.

Silvina Frana, explicó que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de comunicación para que se solicite al Poder Ejecutivo informar sobre una serie de asuntos relacionados a la decisión del Ministerio de Comunicación es de condonar una onerosa deuda que mantiene el Grupo Macri con el Estado Nacional.

“Hemos ingresado a la cámara baja un minucioso pedido de informes para que se explique desde el gobierno que sucedió con la negociación de la deuda que sostiene el Grupo que controla el Correo Argentino con el Estado nacional” explicó la legisladora.

La legisladora continuó” es un perjuicio escandaloso para el estado. Cuando vos tenés una deuda con el fisco parece escandaloso que tenga una quita del 98 %. Alguien del estado debe dar explicaciones. El acuerdo fue aceptado por un funcionario del Ministerio de comunicaciones”.

La fiscal interviniente en el caso revela que la negociación prácticamente exime al holding del Grupo Macri del pago la deuda en un porcentaje cercano al 99%, esto es, a valores proyectados para el final del pago del acuerdo una cifra que ronda los 70.000 millones de pesos.  En este marco, “le pedimos al Gobierno de la nación que dé a conocer de forma precisa cada uno de los actos administrativos a través del cual se dio la negociación, como así también las razones que llevaron a intervenir en la temática a un funcionario que se presume no tiene competencia” finalizó.

Frana concluyó diciendo”si no se responde a los requerimientos hay motivos mas que suficientes para una denuncia penal”.

 

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