Santa Fe tuvo su propia “Tragedia de Once”.

Desde la semana próxima serán lanzados miles de camiones a las rutas santafesinas que, se estima, harán 800.000 viajes dentro de la bota. La cosecha récord de soja y su protagonismo en la entrada devisas en las arcas nacionales, se lleva puesto todo lo que hay a su paso forzando al límite la deficiente infraestructura que cruje derramando excedente de su producción, incontenible, sobre el río – como lo vimos en los últimos derrames de cerealeras sobre el Paraná en el sur provincial, arrasando con bosques nativos en las provincias sojeras para extender el área sembrada y colapsando las rutas con el tráfico pesado que expulsa y colisiona todo lo que “sobra”: gente.

Monticas
Para que se entienda, el servicio colectivo de pasajeros de corta y media distancia es responsabilidad del Estado provincial. El Estado, siempre ha considerado que no puede garantizar la prestación  por lo que cede su explotación a privados, reservándose el derecho –y obligación- de controlar el cumplimiento del contrato de concesión, así como rubricar la veracidad de la declaración jurada presentada por la empresa para recibir el subsidio nacional (SISTAU) y el Gasoil a precio diferencial. Montos financiados con aportes del tesoro nacional y por el 18,5 % que usted abona en la estación de servicio por cada litro de gasolina que ingresa al tanque. En Enero de 2017, Monticas S.A., percibió en concepto de subsidios $ 761.106 por asignación propia del SISTAU, $ 2.951.950 por el régimen de Compensaciones Complementarias provinciales y 81.000 litros de Gasoil a precio diferenciado que implica un ahorro de $ 729.000.

Es decir que la empresa a la que la provincia le acaba de quitar la concesión por incumplimiento del contrato, responsabilizando a la precariedad del servicio por el suceso que dejó 12 muertos, recibió en los primeros días de febrero, un total de $ 4.442.056.

En 2016, está empresa se nutrió de aportes del estado por más de 50 millones de pesos .La UTA junto al área de transporte provincial y nacional aprobaron el pago considerando que la empresa estaba en regla. La empresa dijo “te lo juro” y los funcionarios, que hoy le quitan la concesión, dijeron “faltaba más te creemos, pero no andes chocando por ahí porque te quitamos la licencia”. Pablo Jukic, Subsecretario de Transporte de la provincia, sigue en su cargo, siquiera por decoro se le ha pedido la renuncia y tampoco se investigarán las distintas denuncias de usuarios que venían advirtiendo la situación desde 2003.

En 2015, Gustavo Peyrano, tranquilizaba a los pasajeros de Montica, ante la ola de quejas recibidas por su área. Es cierto que ha “falta de regularidad y la confiabilidad de las unidades. Cuando hablamos de esto nos referimos a las roturas mecánicas que afectan la prestación del servicio. Ponemos atención a la cuestión de seguridad. Los problemas que hay en la empresa tienen que ver con la pinchaduras de mangueras, roturas de pulmones de frenos, cortes de correas”, por otro parte, pero en el mismo sentido, el ex subsecretario relevó a las partes de probar su incompetencia y la del Estado, que terminó en tragedia. “Una empresa que se dedica a prestar un servicio de transporte, SE SUPONE, tiene la idoneidad suficiente para que el mantenimiento de los coches sea el correcto”. Supuso mal, pero se habilitó el pago de subsidios bien.

Si se puede evitar no es accidente, si se supo que podía ocurrir es un crimen.


Anuncio, del anuncio del anuncio.
Las discusiones, de café, sobre el rol del Estado han disimulado su obligación principal. En términos futbolísticos, lo primero que se le debe pedir a un marcador de punta, precisamente, es que marque. Luego si se pasa al ataque y tira el centro, muy bien, si toma el rebote, doblemente bien y si convierte el gol seguramente tiene futuro internacional. Al Estado se le debe pedir también que haga lo básico, que marque, que cuide, que no agredan al equipo para el cual defiende.

La infraestructura sobrepasada del Estado provincial en materia vial y el crecimiento de los rindes y áreas sembradas en la llanura pampeana han sobrepasado ampliamente la capacidad de respuesta ya no en el hacer sino en el control. Un control de Seguridad Vial en la ruta 1 en horario pico, da la sensación de estar controlado. Un colectivo lanzado a la ruta, atado con alambre y subsidiado por el Estado nunca puede ser visto como “costo político” y actuar en consecuencia.  Lo mínimo que se puede hacer con lo pasado y con lo que viene que amenaza con ser caótico es asumirlo y triplicar los esfuerzos en control.

El anuncio del anuncio fue publicado el 23 de Julio de 2016 en el sitio oficial de presidencia de la nación, bajo el título: “Avanza el plan de infraestructura vial, portuaria y ferroviaria en Santa Fe” en el que asegura, pomposamente, que “el plan de mejoras viales, portuarias y ferroviarias para toda la provincia de Santa Fe proyecta una inversión de 50.000 millones de pesos y la creación de 6.000 puestos de trabajo” para luego especificar que “del total previsto, 41.000 millones de pesos serán invertidos en trabajos viales, que comprometen 1668 km. de rutas y autopistas, y otros 8.400 millones en obras ferroviarias.

El parte de prensa lo firma Dietrich y sí, todo muy rico, pero poco es lo que se le pide. Dejemos los millones que se escupen en promesas, con que marquen,  con que controlen, con que hagan lo que se debe, ya es mucho. Para pasar al ataque, no hay tiempo, pero al menos se estará más cerca de controlar esas inversiones que vienen y que cada peso se gasta en una piedra de asfalto.

12 muertes, en un siniestro y 25 más sólo en un fin de semana, están gritando que algo está mal. Muy mal en las rutas santafesinas.

Texto original de Pablo Benito

 

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