El Registro Único de Violencias (RUV) volvió a poner en cifras un drama que rara vez ocupa la agenda pública: la vida y la muerte de quienes habitan el espacio público. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, se registraron 147 muertes de personas en situación de calle en 21 provincias, 12 más que en el informe anterior.
El dato más alarmante es que 50 fallecimientos se produjeron en contextos de bajas temperaturas. “Nos preocupa que el frío haya sido un factor determinante en tantos casos”, advirtió la investigadora del Conicet Jorgelina Di Iorio, coordinadora del relevamiento. El estudio se nutre de registros periodísticos y de reportes de organizaciones sociales que trabajan en territorio.
La Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con 28 muertes, seguida por la provincia de Buenos Aires con 25, y por Salta y Mendoza con 13 cada una. En 91 de los casos se logró identificar a las víctimas; en el resto, la identidad quedó sin registro.
El informe también relevó 345 hechos de violencia que afectaron a 575 personas en situación de calle, la mayoría vinculados a violencia institucional y social, además de las condiciones estructurales que impone vivir a la intemperie. Desde 2022, cuando se difundió la primera edición del RUV, los casos registrados vienen en aumento.
Las respuestas oficiales fueron evasivas: el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires evitó pronunciarse, mientras que la Provincia relativizó la cifra en función de su población total. Ninguna jurisdicción asumió un compromiso explícito frente a los números.
El registro de muertes y agresiones revela una deuda estructural: la falta de políticas sostenidas para un sector que vive en la frontera de la exclusión. Las cifras no son estadísticas abstractas; son vidas truncadas por la ausencia de respuestas estatales y sociales. Muertes que, con políticas mínimas de abrigo, salud y acompañamiento, podrían haberse evitado.
