La Cámara de Diputados se volvió el escenario central de una disputa que combina control político y cálculo electoral. La oposición activó, en paralelo, tres líneas de investigación: el presunto circuito de sobornos en ANDIS, la estafa de Libra y el caso del fentanilo contaminado. El oficialismo contesta con un libreto que atribuye las ofensivas al clima de campaña y busca contener costos en torno a la Casa Rosada.
ANDIS: una causa que escala de lo judicial a lo parlamentario
Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, dispararon pedidos de interpelación y la eventual creación de una comisión investigadora. El Gobierno esgrime que se trata de maniobras oportunistas y exhibe el descargo de Droguería Suizo Argentina, mientras la oposición subraya las sillas vacías del ministro de Salud, Mario Lugones, y del actual titular del organismo, Alejandro Vilches, en un plenario clave. El costo político se mide en dos planos: credibilidad en la lucha contra la corrupción y continuidad de prestaciones para personas con discapacidad.
Fentanilo: capacidad regulatoria bajo la lupa
La tragedia por ampollas adulteradas reavivó el debate sobre el desguace o la insuficiencia de los controles. Diputados empuja una comisión para reconstruir cadenas de habilitación y alertas que habrían sido ignoradas por INAME y ANMAT. El oficialismo intenta derivar responsabilidades hacia gestiones previas, pero la oposición enfatiza habilitaciones y omisiones que habrían ocurrido en tiempo presente. Más allá del cruce partidario, la cuestión de fondo es gobernanza sanitaria: cómo se audita, quién responde y con qué estándares.
Libra Gate: economía de la confianza y responsabilidades políticas
Tras meses de freno, la comisión investigadora de Libra quedó en manos de Maximiliano Ferraro. La tarea inmediata: diagramar medidas de prueba para esclarecer el impacto del tuit presidencial que promocionó el proyecto y eventuales pagos o retornos a figuras del entorno oficial. El caso condensa un dilema de época: cuando la promoción digital intersecta con productos financieros, la línea entre comunicación política y inducir riesgo a ahorristas se vuelve materia de regulación y ética pública.
El contragolpe del oficialismo
La respuesta se ordena en tres ejes: acusar oportunismo electoral, blindar figuras de primera línea y administrar tiempos procesales. Martín Menem puso “las manos en el fuego” por Karina Milei y “Lule” Menem; Guillermo Francos evitó definiciones de fondo en su informe de gestión. La apuesta del Gobierno es ganar tiempo y apostar a que ninguna de las tres causas madure antes de la elección. El riesgo: que la imagen de falta de respuestas se consolide.
Cómo repercute en Santa Fe
Para la provincia, el impacto es concreto. En ANDIS, cualquier opacidad se traduce en demoras y tensión financiera sobre prestadores con fuerte presencia santafesina. En fentanilo, el sistema de salud provincial queda atado a estándares nacionales de control: fallas arriba repercuten abajo. En Libra, el debate regula la frontera entre discurso público y protección al consumidor, relevante para miles de ahorristas locales. La delegación santafesina en Diputados—oficialistas y opositores—tendrá que elegir entre disciplinamiento partidario o control efectivo.
Lo que sigue
El termómetro político será la velocidad con que se dictaminen comisiones y se tomen testimonios. Si el Congreso logra producir evidencia y cronogramas de acción, la oposición capitalizará el costo oficialista. Si prevalecen las dilaciones, el Gobierno podrá sostener su narrativa de “maniobras electorales”. En cualquier caso, los tres expedientes ya corrieron la conversación desde la macro hacia el cumplimiento de reglas: compras públicas, vigilancia sanitaria y publicidad de productos financieros.
