La canasta básica total (CBT) aumentó 4,1% en diciembre y fijó en $1.308.713 el ingreso mensual que necesitó una familia tipo para no ser considerada pobre. La canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, también subió 4,1% y llevó el umbral a $589.510.
En noviembre, esos valores habían sido $1.257.329 para la CBT y $566.364 para la CBA. En un solo mes, la “línea” se movió $51.384 para pobreza y $23.146 para indigencia, aun antes de discutir alquiler, transporte o deuda de tarjeta.
El contraste con la inflación del mes agrega una lectura incómoda para el discurso de calma: si diciembre cerró con un IPC menor (2,8%), la canasta funcionó como recordatorio de que no todo baja al mismo ritmo. Cuando la canasta acelera por encima del promedio, el ajuste no se siente como “precios”, se siente como calendario: cuánto dura el sueldo, cuánto rinde la compra, qué se recorta primero.
Para Santa Fe, el dato nacional se vuelve local en dos planos concretos. Primero, porque una parte grande del ingreso real se juega en alimentos y consumo de cercanía, donde la “microinflación” del barrio manda más que el promedio. Segundo, porque la provincia tiene una mezcla pesada de empleo formal e informal: si el umbral se corre en saltos mensuales, la discusión paritaria queda siempre corriendo de atrás y el rebote lo amortiguan changas, crédito y ayudas familiares.
Diciembre deja una señal simple y política: la pobreza no espera a los promedios. Se mide con líneas que se mueven todos los meses. Y cuando esas líneas avanzan más rápido que el IPC, el debate deja de ser técnico: pasa a ser de velocidad, de ingresos y de quién paga el diferencial en la mesa.
