Conocen la prostitución en carne propia y tienen posturas opuestas: por qué algunas creen que es trabajo y otras que es explotación.

El afiche de Jimena Barón que simulaba un volante callejero de una prostituta para promocionar su tema “Puta” puso en el debate público una discusión que atraviesa y divide al feminismo (o los feminismos, como se nombra hoy a este movimiento) hasta volverse una grieta que parece infranqueable: ¿la prostitución puede ser considerada un trabajo que se elige y desarrolla libremente? ¿O es siempre una situación en la que hay una mujer vulnerada y víctima de un sistema que la violenta?

A esa pregunta hay básicamente dos respuestas: 1) La prostitución no es ni puede ser un trabajo y por lo tanto debe ser abolida; 2) La prostitución es un trabajo cuando se elige como tal y, como el resto, debe ser regulado por el Estado y contemplar derechos para quienes la ejercen. Quienes defienden la primera postura se llaman “abolicionistas” y quienes defienden la segunda postura son llamadas por el abolicionismo “regulacionistas” o “reglamentaristas”.

Entre unas y otras hay algunas miradas conciliatorias y otras más radicales, pero la discusión está dominada por estas dos posturas y tiene décadas de historia. Ahora, con la estrategia de marketing de Barón -muy exitosa en términos de mercado pero muy costosa en términos personales- explotó en los medios y, aunque todo el feminismo se da el debate público, las protagonistas son las trabajadoras sexuales y quienes fueron víctimas de explotación sexual o trata.

“Todas vendemos el cuerpo en este sistema”
“El trabajo sexual es la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual a cambio de un pago para beneficio propio”, dice el proyecto de ley que en 2013 presentó la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), creada a mediados de los 90 para pelear por los derechos de las prostitutas.

Y su secretaria general actual, Georgina Orellano, agrega: “Somos mayores de 18 años que ejercemos el trabajo sexual por voluntad propia. Por ese servicio nosotras cobramos y es un intercambio comercial como el de muchos otros servicios. Buscamos entonces ser reconocidas como trabajadoras por ley, poder facturar a través del Monotributo, tener obra social, derechos y obligaciones como todos los trabajadores y trabajadoras”.

Aquel proyecto de ley perdió estado parlamentario en 2015 y no volvió a presentarse. Hoy, explica Orellano a Infobaela pelea prioritaria es por la despenalización del trabajo sexual y desde allí llegarán los derechos. Es que si bien el trabajo sexual en la Argentina hoy no está prohibido, tampoco está permitido: el Estado argentino se declaró abolicionista en 1957, cuando adhirió al Convenio contra la Trata de la ONU y no penaliza la prostitución, sino a quienes explotan a otras personas con este fin.

“En términos concretos esto es un vacío legal que se usa para penalizarnos», sigue Orellano. En ese ese vacío legal no tenemos derechos y se confunde nuestro trabajo con delitos como la trata de personas y el proxenetismo. Por eso todavía hoy hay mucho prejuicio en torno a nuestro trabajo, seguimos siendo criminalizadas y estigmatizadas, y queremos que la sociedad no nos vea como víctimas sino como ciudadanas con derechos”.

Melisa D’Oro es jubilada docente y fue la primera maestra trans de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 15 años, cuando se separó de la madre de sus hijas y necesitó otro ingreso, eligió el trabajo sexual: “En la práctica está recontra penalizado: es imposible pararse en una esquina a trabajar y ni te cuento si quisiera alquilar un departamento con dos compañeras para compartir los gastos: de base te cuesta el doble o el triple, porque no podés demostrar ingresos. Pero además corremos el riesgo de ir presas, porque pueden considerar que una explota a otras. Dos psicólogas o dos peluqueras lo pueden hacer, pero dos prostitutas no”, dice a Infobae.

D’Oro rechaza que la llamen “regulacionista”: “No hay puta en el mundo que sea reglamentarista o regulacionista. Eso un invento del abolicionismo: nosotras no queremos regular nada, porque en realidad la prostitución ya está legislada en Argentina: a través del código penal y distintas resoluciones que no nos permiten ejercer nuestro trabajo libremente, que nos persiguen y criminalizan. Lo que somos nosotras es pro-derechos: queremos ser libres de trabajar y queremos tener los derechos que nos corresponden”.

D’Oro, que es secretaria de Diversidad de AMMAR (hoy rebautizada AMMAR-Putas Feministas), la organización que nuclea a unas 6500 trabajadoras sexuales de todo el país, agrega: “No me interesa romantizarlo. De hecho, no lo hago y cuando vienen chicas al sindicato les digo que lo piensen muy bien, que no es el paraíso. ¿Pero acaso es el paraíso limpiar baños o trabajar 12 horas en la caja de un supermercado? Yo lo elegí y lo elijo. Pero no quiero tener que manejarme en la clandestinidad y privada de los derechos que tienen las que eligen otros trabajos”.

contra el sistema prostituyente»

El “abolicionismo” considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y plantea que podría desterrarse con -entre otras acciones y políticas públicas- campañas educativas contra el consumo de prostitución, la penalización de los clientes (a quienes llama “varones prostituyentes”) o la prohibición legal de su ejercicio. Muchas de sus defensoras se consideran sobrevivientes de lo que llaman un “sistema prostituyente” que es parte y reproduce una sociedad desigual e injusta.

Es el caso de Graciela Collantes, quien fue víctima de trata y una de las fundadoras de AMMAR en los 90. Pero en 2003 empezó a militar el abolicionismo y creó la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH): “Empezamos a darnos cuenta de que habíamos sido víctimas de un sistema que se sirve de mujeres, travestis y trans, sobre todo pobres, que no pueden elegir. Este sistema naturaliza costumbres, reproduce roles de género, somete a nuestros cuerpos a la cultura del consumo capitalista: somos objetos que el dinero puede comprar para usar”, dice a Infobae.

Collantes dice que el abolicionismo es una herramienta de lucha: “Nos permitió conocer nuestros derechos y pelear por ellos; es un marco de Derechos Humanos que nos protege. Hay que saber que este es un problema social y que no se resuelve con la legalidad. Y además, si la prostitución fuera reconocida como un trabajo, se ocultaría todo aquello que trae consigo: sometimiento, explotación, vulneración de derechos, violencia. Las sobrevivientes y militantes abolicionistas acompañamos todos los días a mujeres, travestis y trans que sufren las consecuencias del paso por el sistema prostituyente, o que resisten la violencia porque todavía están adentro”.

Fernández, activista travesti y por los derechos humanos, dice que la prostitución no puede ser considerada un trabajo cuando para las personas travestis y trans en Argentina es la única opción de supervivencia: “¿Quién puede elegir? Yo soy abolicionista porque a los 13 años fui empujada a la prostitución y yo no lo elegí. ¿Pueden las adolescentes estar eligiendo eso?”, se pregunta.

Y agrega: “La prostitución es la principal causante de que no podamos tener un proyecto de vida, pensarnos por ejemplo como personas con la posibilidad de estudiar para trabajar de otra cosa. Yo milito el abolicionismo porque creo que se tienen que acabar todas las opresiones de este mundo: sin igualdad de oportunidades, esto que quieren llamar trabajo sexual lo vamos a hacer siempre las pobres, las negras, las travas, las trans, las migrantes, las de los barrios, las de las villas. Somos nosotras las que ponemos el cuerpo, como asignadas a este destino de prostituirnos”.

Entre los reclamos del abolicionismo al Estado, están no sólo las políticas educativas, sino también las de acceso a la vivienda, salud, inclusión laboral. Y también la reparación a las sobrevivientes y víctimas. “Regular hoy la prostitución sería volver atrás y volver a tapar todo esto que estamos denunciando, y encima con la complicidad del Estado. Esto no significa que estemos en contra de las mujeres en prostitución. El abolicionismo no prohíbe”, dice Collantes.

¿Una cuestión moral?
Las trabajadoras sexuales que pelean por derechos dicen que el abolicionismo lo que hace es moralizar el debate: “El problema es que hay sexo en el medio. No se cuestionan otros trabajos en los que también puede haber trata o explotación. ¿Por qué dicen que ninguna mujer elige ser puta pero no dicen que ninguna mujer elige limpiar culos?”, dice D’Oro, que ve como una manto de hipocresía el posar la mirada en la prostitución.

“¿Por qué nos piden a las trabajadoras sexuales que seamos las que terminemos con el patriarcado y el machismo? Nuestros clientes no son más machistas que los jefes de la fábrica, los compañeros del banco o los jueces. Y ahí también hay que desmitificar: nuestros clientes son sus hermanos, sus novios, sus tíos y sus padres e hijos… Es el patriarcado judeo-cristiano el que penaliza que se pague el sexo, porque todo lo demás que se dice no se sostiene: al condenarnos a la ilegalidad, a nosotras nos atan las manos para combatir la trata y el proxenetismo”.

Y compara el debate con el de la legalización del aborto y la marihuana: “El discurso abolicionista puede ser ideal, pero no es realista y no resuelve nada: en un futuro podemos ver si socialmente cambiamos algo, pero no se va a terminar la prostitución”.

Collantes, por su parte, asegura que es la única manera de terminar con la trata y que solo cuando todas las mujeres tengan otras oportunidades de inserción laboral se va a poder decir que alguna elige la prostitución: “No somos moralistas, somos realistas: la prostitución hizo y hace estragos con nuestras vidas y las de miles de mujeres. Yo sufrí la explotación sexual y la trata, y no quiero eso para nadie más. Contar esta realidad y combatirla es lo único que nos llevará a terminar con esto”.

 

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