Leonardo Cositorto volvió a irrumpir en la escena política argentina. Condenado a 12 años de prisión por liderar el esquema piramidal Generación Zoe, el empresario aseguró desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, en Corrientes, que aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021, cuando el dirigente competía por un lugar en el Congreso.
“Lo apoyé porque quería un cambio para la Argentina, igual que lo hice con Milei. Pero me molesta que me nieguen”, declaró en diálogo con Radio Splendid. Y añadió: “No tengo ningún problema con Santilli. Lo que me duele es que ahora se desentienda, como si no existiera”.
Las afirmaciones se producen en plena campaña legislativa, cuando Santilli busca una banca nacional por La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei. Consultado en 2022 por las primeras versiones que lo vinculaban con Cositorto, el entonces diputado había calificado las acusaciones como “una burda operación”, negando haber tenido contacto alguno con el empresario. “No lo conozco, nunca tuve relación en mi vida”, sostuvo entonces.
El testimonio de Cositorto —que ya provocó reacciones cruzadas dentro del oficialismo libertario— revive un tema recurrente en la política argentina: la falta de trazabilidad en el financiamiento electoral. Aunque las leyes establecen topes y obligaciones de transparencia, los mecanismos de control siguen siendo difusos y, en muchos casos, posteriores a los hechos.
Cositorto, que cumple condena por asociación ilícita y estafas reiteradas, intenta reinsertarse en la conversación pública reivindicando un rol político que nadie le reconoce. Sus declaraciones, más allá de la veracidad que los tribunales puedan determinar, revelan la persistencia de zonas grises en la relación entre dinero, poder y campaña.
