Coincidencia o casualidad? Las últimas detenciones de ex funcionarios kirchneristas o personajes ligados al poder durante la gestión de
Cristina Fernández de Kirchner se produjeron en momentos en los que el Gobierno nacional se encontraba en la mira de la opinión pública.
Los arrestos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou, coincidieron con el anuncio de paquetes de leyes, reforma tributaria, laboral y el sistema electoral que Mauricio Macri envió al Congreso. En rigor, el arresto del primero tuvo lugar cinco días antes del discurso del Presidente, y el segundo, tan sólo unas jornadas después.
El 30 de octubre, desde el Centro Cultural Néstor Kirchner, Mauricio Macri convocó a gobernadores, empresarios, dirigentes opositores y sindicalistas a un amplio acuerdo para crear empleo y reducir la pobreza. Entre otros, la iniciativa incluía un punto por demás cuestionado: la reforma laboral. Los gremios y la oposición no dudaron en posar sus ojos sobre ella, en especial los ítems acerca de la indemnización por despido, el plazo para iniciar juicios laborales, el fondo del cese laboral y las facultades atribuías al empleador para modificar la forma y modalidad de trabajo de sus empleados.
Cinco días antes, De Vido había sido desaforado en un proceso impulsado por el Gobierno, -y la diputada Elisa Carrió– luego de que Bonadio ordenara su detención por la compra de Gas Licuado a Bolivia y el presunto desvío de fondos en Río Turbio. Aunque el ex funcionario se entregó con absoluta tranquilidad en Comodoro Py, efectivos de la Policía Federal y el grupo Alacrán montaron un espectacular operativo en la puerta del edificio que De Vido tiene sobre la avenida Libertador, aunque el ex funcionario se había ido de allí antes de las 6 de la mañana.
La detención de De Vido abarcó las tapas de los diarios y fue epicentro de la atención mediática por varios días, al igual que lo sería la de Boudou, unos días después. El 3 de noviembre, el ex vice de CFK fue arrestado en su departamento de Puerto Madero y fotografiado -con la posterior difusión de las imágenes- descalzo y en joggin. Para no ser menos, Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de igual magnitud que contempló su traslado hasta Comodoro Py y posteriormente hacia el penal de Ezeiza. Las noticias en torno a su estadía allí continuarían por días.
En las últimos días y tras la decisión de abandonar la búsqueda de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, la tensión entre los familiares y el Gobierno alcanzó su punto más álgido. «Nos prometieron que lo iban a buscar hasta el final», reclamaron. En simultáneo, la figura del ministro de Defensa, Oscar Aguad, se había convertido, hasta hoy, en el epicentro de críticas y cuestionamientos de las familias.
A esto se suman las tensiones y la falta de comunicación entre la Armada y el Gobierno, que quedó expuesto en el reciente descubrimiento de las 8 llamadas que efectuó el submarino entre el 14 y 15 de noviembre, y que nunca fue revelado por la marina. La falta de datos acerca de la ubicación de la unidad, y el retiro de la tecnología internacional, provocaron incertidumbre en el Gobierno, a tal punto que Mauricio Macri decidió postergar los mensajes de solidaridad con la familia y sólo optó por hablar sobre el hecho -brevemente- desde Entre Ríos.
En este contexto, las noticias sobre las detenciones de Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnica «K», Luis D’Elia, Fernando Esteche, Khalil, y el pedido de desafuero y detención preventiva para Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, cambiaron en 360 grados el foco de la atención. Incluso, de los aumentos en electricidad y gas que se aplicarán durante fin de año.
