En una sorpresiva decisión, el gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazándola por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo reducirá en un 34% su plantilla, lo que se traduce en el despido de más de 3000 trabajadores. El gobierno justifica esta medida como parte de la «reducción del Estado» y la lucha contra la corrupción, aunque no especificó los criterios con los que se definirá quiénes perderán sus empleos.
Recortes y despidos masivos en nombre de la eficiencia
El comunicado oficial destacó que la creación de ARCA reducirá las autoridades en un 45% y los niveles inferiores en un 31%, generando un ahorro de $6400 millones anuales. Los primeros afectados serán 3155 empleados que, según el gobierno, ingresaron «de manera irregular» durante el gobierno anterior, aunque no se detallaron los parámetros para evaluar estas irregularidades.
Nombran a un acusado de evasión y lavado al frente de la DGI
Uno de los puntos más controversiales de la reestructuración es el nombramiento de Andrés Gerardo Vázquez al frente de la Dirección General Impositiva (DGI). Vázquez enfrenta denuncias por ocultamiento de activos y fuga de divisas, habiendo sido vinculado a operaciones off shore en cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo. A pesar de las imputaciones, el gobierno lo designó en un puesto clave para la recaudación fiscal.
Lavado y fuga: el oscuro historial del nuevo titular de la DGI
Andrés Vázquez no es un nombre desconocido para la justicia. Documentos judiciales lo vinculan con una red de lavado de dinero en la que se ocultaban activos en el exterior, evitando el pago de impuestos a través de maniobras financieras complejas, como los préstamos «back to back». Estas operaciones fueron parte de una investigación más amplia sobre las actividades del BNP Paribas, banco implicado en la evasión fiscal a gran escala.
