La disputa entre el gobierno nacional y los sindicatos estatales sumó este jueves un nuevo capítulo. A través del decreto 430/2025, el Ejecutivo de Javier Milei eliminó el asueto del 27 de junio, fecha establecida desde 2013 para conmemorar el Día del Trabajador del Estado. En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que no acatará la medida, presentó una carta documento a la Casa Rosada y adelantó que llevará el caso a la Justicia.
La medida, que deroga el artículo 2º de la Ley 26.876, sólo rige para el ámbito de la administración pública nacional, pero fue interpretada por los gremios como un gesto de hostilidad simbólica y política. «Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Y agregó: “Nos quieren castigar porque no nos entregamos. Los estatales fuimos quienes les confrontamos desde el primer día”.
El Gobierno, por su parte, fue explícito en su argumentación. “El Estado no es un lugar para tomarse días sabáticos ni gozar de privilegios que el trabajador privado no tiene”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. “Esto es coherente con nuestra concepción del Estado”, añadió.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado recordaron que ya se eliminaron más de 50.000 cargos estatales desde diciembre de 2023. La decisión de suprimir el feriado fue interpretada como una continuidad simbólica de esa política, más que como una medida de ahorro fiscal significativa.
ATE Capital intimó formalmente al Ejecutivo para retrotraer la decisión, mientras prepara una acción cautelar ante la Justicia. También anunció protestas que incluirán ruidazos, papelazos y asambleas en distintas dependencias estatales. La consigna sindical es clara: no retroceder frente a lo que consideran una provocación directa.
Más allá de la disputa inmediata, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: el lugar del empleo público en el modelo de país que propone Milei. Para la Casa Rosada, los estatales son el símbolo de un Estado “obeso e ineficiente”; para los gremios, son el blanco de una campaña ideológica que busca disciplinar por desmantelamiento.
